No obstante, precisó que lo deseable es que en el proceso judicial se determinen los activos de las empresas intervenidas, tanto mobiliarios como inmobiliarios, así como los posibles seguros suscritos, para que con ellos se pueda hacer frente a los compromisos asumidos con los clientes.

La vicepresidenta dijo que lo primero es apoyar a las personas que han sufrido esta presunta estafa y para ello es preciso saber qué personas, cuántas y en qué cuantías han sido estafados, "en ello estamos trabajando".

De cara al futuro, añadió, el Ejecutivo estudiará, junto a las CC.AA y el resto de grupos políticos, modificaciones legales para incrementar "la seguridad y transparencia" en este tipo de inversiones por parte de los ciudadanos, "con mayores garantías" que hasta ahora.

Fernández de la Vega dijo que durante el Consejo se ha estudiado el informe que sobre este caso de presunta estafa han presentado los responsables de Economía y Sanidad, al tiempo que envió un mensaje de "tranquilidad" a los inversores afectados, dado que es un caso que "preocupa y ocupa al Gobierno".

"Vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre , para tratar de garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos en la medida que lo permita la Ley, nuestras competencias del Gobierno y nuestras posibilidades", añadió.

Asimismo, el Ejecutivo se dirigirá a la Audiencia Nacional para que se cree una ventanilla única de información sobre toda la tramitación judicial de este caso, tanto para los afectados como para las organizaciones de consumidores que los representen.

Puntualización

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, puntualizó hoy que, para hacer frente a la presunta estafa el Gobierno "lo que se plantea" es "modificar" la ley para que "en el futuro" este tipo de inversiones "puedan estar protegidas por el fondo de garantías financieras".

"Lo que he dicho con total claridad es que fue el Gobierno del PP el que estableció una regulación para este sector que dejaba desprotegidos a quienes realizaban este tipo de inversiones", explicó López Garrido.

El portavoz socialista puntualizó así las declaraciones que realizó esta mañana sobre las medidas que está pensando el Ejecutivo para ayudar a los miles de afectados por la presunta estafa cometida por ambas sociedades.

En esta entrevista, había señalado que el Gobierno iba a intentar "por todos los medios" ayudar a los afectados y comentó que "vamos a ver si es posible la creación de algún fondo", cuyo "precedente" sería el que se creó a raíz del escándalo de Gescartera, lo cual exigiría "alguna reforma legal".

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