El ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha aseverado que cualquier decisión de una administración pública tiene que apoyarse en dictámenes jurídicos, tal y como tiene que ocurrir con el acuerdo entre Gobierno central y Junta de Andalucía sobre la gestión del Guadalquivir

A preguntas de los periodistas sobre este asunto en Villamartín (Cádiz), Chaves ha asegurado que en este caso se están apoyando en la Abogacía del Estado y ha reiterado que las administraciones públicas no toman ninguna decisión, "ni esta ni cualquiera", que no esté sustentada jurídicamente.

Gobierno y Junta han tenido que acordar una prórroga de la encomienda de gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio andaluz debido a que han surgido algunos problemas de índole jurídica a la hora materializar la transferencia, que tienen que resolverse antes de cerrar un acuerdo definitivo.