El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha afirmado, en relación al elevando número de deshaucios, que los jueces no son "cobradores del frac" y que el derecho de los acreedores tiene un "límite", el de la "preservación de la dignidad" de la persona acreedora.

Ibarra, que recientemente reclamó a la administración medidas "preventivas" ante la "creciente ligitiosidad por sobreendeudamiento familiar", ha indicado que se les ha pedido "no sólo que hagan algo" sino que se les trasladó una propuesta, que fue "recogida" por el lehendakari, Patxi López.

El presidente del TSJPV ha indicado que en la justicia se refleja la crisis económica, "de una manera bastante descarnada", y, tras indicar que los jueces no son "máquinas de apliación del derecho y mucho menos cobradores del frac", ha asegurado que tienen "un compromiso con la obtención de justicia mediante la aplicación del derecho".

Preguntado por el caso del caserío Kukullaga, Ibarra ha asegurado que el derecho de los acreedores, de las financieras tiene un "límite" y es la "preservación de la dignidad" de la persona acreedora.

Tras manifestar que no conoce este asunto y que no dará una opinión, ha afirmado que la situación hubiera sido "distinta" si antes del inicio de ese procedimiento ejecutivo hipotecario, una comisión de mediación hubiera presentado al juez un plan de liquidación de la deuda, que no solamente garantizara que no va a quedar afectado el mínimo de subsistencia vital de estas personas, sino que, "además ponga un orden en el cumplimiento de los deberes, de las deudas".

"En este orden lo último que se ofrece para liquidar una deuda es la vivienda habitual, de tal manera que antes se establecerían medidas en cuanto a plazos, sobre todo, se podrían revisar las cláusulas del contrato", ha añadido.

Ibarra ha indicado que, en este momento, es el derecho comunitario europeo el que obliga al juez a que, si en el contrato que da lugar a esa ejecución hipotecaria hay cláusulas que afectan al orden público del mercado, tiene que "controlar esas cláusulas" y, en su caso, "si fueran abusivas", debería denegar la ejecución.

El presidente del TSJPV ha añadido, por otro lado, que el acreedor tiene derecho a "comprender" y que sus compromisos estén redactados de "manera clara".

Por otra parte, Ibarra ha afirmado que las perspectivas del nuevo curso judicial "no pueden ser mejores" en Euskadi, ya que en producción de sentencias o en grado de ocupación de plazas están en la "parte alta" de la tabla.

Por otra parte, en relación a la reforma de la oficina judicial, ha indicado que ya se ha llevado a cabo en cinco de los 14 partidos judiciales y, antes de que concluya el año, estará implantada en diez y quedará Barakaldo y las tres capitales, que es "el tramo más difícil".

Ibarra ha señalado que, a medio plazo, los siguientes retos son los tribunales de instancia para que los jueces de primer nivel trabajen de manera colegiada. Otros retos son la reforma del proceso penal para que se produzca una "distribución distinta" entre jueces y fiscales de cara al proceso penal.

Comisión arbitral

Por último, ha asegurado que, hasta este momento, han recibido siete cuestiones de competencia en la Comisión arbitral y la última es la referida a la Ley de Cajas. Ibarra ha indicado que, en términos estadísticos, es el periodo en el que cuestiones de competencia se han planteado.

Respecto a la cuestión de la Ley de Cajas, ha precisado que se ha registrado el pasado jueves y ahora habrá que decirse si se admite o no a trámite, para lo que ya está convocada la Comisión arbitral. En caso de admisión, serían tres meses el tiempo preciso para tomar esa decisión.

Ibarra también ha confirmado que la razón de Emilio Guevara de abandonar la comisión arbitral responde a cuestiones personales y que no ha aceptado su renuncia hasta la semana pasada para poder desarrollar una sesión que tenían prevista.