Francisco Adame, vecino de Fuente Palmera (Córdoba) afectado por la existencia de una vaquería ilegal junto a su casa, cuyo cierre estaba previsto para el 1 de septiembre tras acuerdo plenario, ha reitera con "urgencia" dicho precinto después de que en el Pleno de la semana pasada se haya aprobado solicitar la autorización judicial de entrada en la finca para suspender la actividad de la explotación ganadera.

En declaraciones a Europa Press, Adame ha pedido "la máxima brevedad en el procedimiento administrativo para traslado al juzgado correspondiente" tras el acuerdo del Pleno del 29 de septiembre, en el que se aprobó seguir el proceso de cierre de la vaquería, puesto que, tal y como lamenta, "llevo más de 7.000 días aguantando la insalubridad de la instalación".

En concreto, los acuerdos plenarios, que cuentan con el voto favorable de IU y PSOE, son "dejar sin efecto el convenio entre el Ayuntamiento y el vaquero para el cese de la actividad de explotación ganadera desarrollada en un inmueble, sin la preceptiva licencia municipal de actividad"; así como "designar a una abogada para la presentación ante el Órgano Jurisdiccional competente de la solicitud de autorización judicial de entrada en la finca, con el objeto de proceder a la ejecución subsidiaria de la orden de suspensión de la actividad".

En este sentido, afirma que no está dispuesto a "aguantar más procesos de plazos" y confía en que antes de que IU formule la pregunta en el Parlamento andaluz, que será en breve espacio de tiempo, "el juez tenga el beneplácito de haber mandado la autorización judicial para acometer el cierre". Y es que, según él, se está cometiendo "una desobediencia por parte de la administración y del vaquero".

No obstante, agradece el apoyo de los concejales de Fuente Palmera y además se ha reunido con el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, Juan Ignacio Expósito, "para ponerle al día en el caso", porque, "desde el año 2007 la vaquería no ha cambiado las condiciones en ningún aspecto y los vertidos y olores siguen produciéndose". A tal efecto, Adame explica que Expósito "se ha comprometido a que la zona recupere su estado primitivo con la limpieza del terreno y de un arroyo".

La fiscalía

Cabe destacar que ya ha presentado una denuncia en la Fiscalía para que actué de oficio en el cierre de las instalaciones, puesto que cuenta con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de julio de 2009, que declara ilegal la vaquería.

Además, analiza con su abogado reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, después de que el día 1 de septiembre, "agentes de la Policía Local presentaron al vaquero un documento de ejecución del cierre voluntario, pero se negó a que entraran en las instalaciones".

Por tanto, "si no se produce el cierre actuaré individualmente pidiendo responsabilidad patrimonial contra los que no cumplan la ley", puesto que, confiesa, "estoy cansado de esperar y de reivindicar". En esta línea, anuncia que si se prorroga el plazo "haría movilizaciones hasta donde fuese necesario, ante la Delegación de Medio Ambiente o la Fiscalía", por lo que espera que "no haya que llegar a ninguna protesta más".

El Pleno de Fuente Palmera celebrado a finales de julio aprobó designar el día 1 de septiembre a las 9,30 horas que los servicios municipales competentes ejecutaran la orden de suspensión de la actividad de la vaquería; al tiempo que se desestimó la solicitud del vaquero para una ampliación del plazo de cierre contenido en el convenio con el Ayuntamiento y que expiró el 30 de junio.

El proceso

En su protesta por el "incumplimiento" del vaquero y la administración de la sentencia del TSJA de 2009, Francisco Adame se ha manifestado ya ante las puertas de la Fiscalía cordobesa y se ha encerrado en el Consistorio de Fuente Palmera. Además, presentó una denuncia ante la Guardia Civil porque el jueves 30 de junio expiraba el plazo de cierre establecido en el acuerdo entre el Ayuntamiento y el vaquero, y no se produjo.

Así, manifiesta que ha tenido que soportar junto a su familia, durante muchos años, "los daños y perjuicios que suponen tener una explotación ganadera ilegal" junto a su vivienda, situación que "ha sido tolerada por el Ayuntamiento", convirtiéndose de ese modo en "corresponsable".