"Estamos dispuestos a defenderlos hasta el final", aseguró Sauquillo, quien explicó que el subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, ha aceptado la petición de las asociaciones de contar con ayuda económica para reformar sus infraestructuras y atender a todos los afectados.Sauquillo evitó hablar por el momento de la posible exigencia de responsabilidades al Estado o a las Comunidades Autónomas.Además avanzó que el CCU estudia pedir una entrevista al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar la reforma de la regulación existente. La normativa actual, establecida en 2003 a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Instituciones de Inversión Colectivas, dejó en manos de las autoridades de Consumo autonómicas la responsabilidad sobre estas empresas, pero, advirtió Sauquillo, ni siquiera estableció cómo debían controlarlas, ya que sólo se obligaba a las entidades a presentar sus auditorías. En su opinión personal, "no había posibilidad de controlarlo con esa legislación". Por ello, el CCU pide que se eviten las polémicas entre las distintas administraciones y exige "entendimiento y cooperación" entre los partidos políticos. "Tranquilidad, hay tiempo"Sauquillo volvió a recomendar a los afectados tranquilidad, porque hay tiempo para presentar las reclamaciones, y les aconsejó que hagan acopio de cuanta documentación posean.Las asociaciones de consumidores mostraron también su "gran preocupación" por la aparición de organizaciones que se presentan bajo la apariencia de representantes de consumidores o de plataformas de afectados y pidió a los perjudicados por el fraude que se informen adecuadamente antes de firmar un contrato con estas entidades. Saquillo avanzó que el Consejo está preparando ya la documentación que trasladará a los perjudicados por el fraude, a los que previsiblemente aconsejará que dejen de abonar dinero a Forum Filatélico o a Afinsa con una notificación fehaciente de los motivos por los que lo hacen. Como explicó al salir de la reunión el portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, los ciudadanos tienen que saber que, probablemente, serán los últimos en cobrar. Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, se insistió en trasladar un mensaje de confianza en la labor que está desarrollando la Justicia, así como un llamamiento a la tranquilidad de los afectados, porque, si se demuestra la existencia de delitos, dispondrán de tiempo suficiente para presentar sus reclamaciones.