UGC pide al Defensor del Pueblo que recurra ante el Constitucional la ley que impide manifestarse a los guardias civiles

La Unión de Guardias Civiles (UGC) ha informado este viernes de que ha solicitado al Defensor del Pueblo que formalice un recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y que prohíbe a los miembros de la Benemérita el derecho fundamental de reunión y manifestación.

La Unión de Guardias Civiles (UGC) ha informado este viernes de que ha solicitado al Defensor del Pueblo que formalice un recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y que prohíbe a los miembros de la Benemérita el derecho fundamental de reunión y manifestación.

La UGC tilda en un comunicado esta norma como un "un varapalo al más esencial y sagrado derecho existente en cualquier democracia". Recuerda que estos derechos estaban reconocidos desde 2007 y que la presente modificación busca "acallar de forma vergonzante a todo un colectivo que se caracteriza por su servicio y lealtad a la sociedad, y al cumplimiento de la Ley".

En este punto, la UGC recuerda que la Constitución deja en manos de los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas", estando legitimado, entre otros, para interponer dicho recurso, el Defensor del Pueblo.

"Motivamos nuestras peticiones básicamente en que afirmamos con rotundidad que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas y por tanto no puede sernos de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas", argumentan.

Según añade el comunicado, este planteamiento ha sido continuamente refrendada por varios textos legales —alguno de ellos aprobado por las mismas personas que ahora quieren limitar nuestros derechos—, y por numerosas resoluciones judiciales.

La UGC teme que con esta modificación normativa no podrán reclamar una mejora de sus condiciones de trabajo, ya que siempre cabe que lo tilden de acto reivindicativo y por tanto esté prohibido. "Lo que significa la vulneración flagrante de un derecho fundamental como es la libertad de expresión", defiende.

En esta línea ha indicado que agentes sufren sanciones de "hasta tres meses de empleo y sueldo" por decir que una carretera se encuentra en mal estado, o que muchos cuarteles no cuentan baño para el personal femenino.

Por último, aclara Unión de Guardias Civiles que "en ningún modo está en contra de los miembros de la Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario". "Nuestra intención es que también a estos profesionales a quienes consideramos compañeros, se les aplique un régimen profesional acorde con los tiempos en que vivimos. Que ser militar no implique tener menos derechos que cualquier otro ciudadano", finaliza.

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