El Pleno ordinario de la Diputación de Albacete, correspondiente al mes de octubre, ha acordado anticipar el pago de la subvención a la Asociación Sagrada Familia (SAFA), con el fin de continuar con los programas de ayuda al drogodependiente, por un total de 200.000 euros para este año 2011.

Estos programas de ayuda se desarrollan en las instalaciones de la antigua Unidad Residencial Rehabilitadora, de las que la Diputación es propietaria, y cuyo uso ha sido cedido, a través de convenio, a la Asociación SAFA. Estas instalaciones están ubicadas en la finca de Las Tiesas, en la Carretera de Barrax, kilómetro 22 de Albacete, informa la Diputación en nota de prensa.

A través del presidente de la Asociación, Alejandro Márquez, se ha informado a la Diputación Provincial de la difícil situación económica por la que atraviesa, de forma que la Corporación ha agilizado los trámites para ayudar en todo lo posible a esta asociación.

El presidente de la Diputación, Francisco Núñez, ya manifestó en una entrevista reciente con los responsables de SAFA que la Corporación pondría todo de su parte para continuar con esta labor social.

La asociación realiza programas de tratamiento y rehabilitación de enfermos con drogodependencias y otras adicciones, y con los que trabaja a través de diversos talleres de formación, para su inserción laboral.

Al cabo del año, SAFA recibe a más de 300 personas que reciben tratamiento terapéutico, y en más del 80 por ciento de los casos los enfermos son dados de alta.

Otros acuerdos

Por otro lado, el Pleno ha dado el visto bueno a la decisión de ampliar el número de miembros del consejo de administración del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), por lo que se incorporan Faustino López Gallego y José María Villena Iniesta, ambos procedentes del mundo de la empresa y la industria agroalimentaria albacetense.

Finalmente, el Pleno ha rechazado las mociones del Grupo Socialista en defensa de la escuela pública y contra los recortes presupuestarios en la enseñanza pública, así como la que instaba al Gobierno del España a modificar la Ley Hipotecaria, con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos.