Caldera prevé que 400.000 trabajadores temporales pasarán a ser fijos en el último semestre del año

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, avanzó hoy que, en el último semestre del año, "al menos 400.000 trabajadores temporales pasarán a ser fijos", gracias al "plan de choque" de la reforma laboral que incentiva las conversiones al empleo indefinido.
Jesús Caldera atiende a los periodistas. (EFE)
Jesús Caldera atiende a los periodistas. (EFE)
Fernando Alvarado/EFE
Caldera añadió que, a partir del 1 de enero de 2007, "varios cientos de miles" de trabajadores con contrato temporal que pasarán a ser fijos en un plazo de dos años serán afectados por el resto de las medidas de la reforma laboral.

Además, dijo que la reforma, que entrará en vigor el 1 de julio y se financiará "casi exclusivamente" con cotizaciones sociales, tendrá un coste cercano a los 4.000 millones de euros anuales.

La Seguridad Social tiene el mayor número de cotizantes de toda su historia

Superávit Seguridad Social

Por otro lado, Caldera avanzó hoy que el superávit de la Seguridad Social será "ligeramente superior" al 1%  del Producto Interior Bruto (PIB) porque los ingresos del sistema "siguen creciendo por encima de los gastos".

El ministro subrayó el "espectacular momento" de la Seguridad Social, que tiene el mayor número de cotizantes de toda su historia.

Pese al buen momento del sistema, Caldera reconoció que hay que ir haciendo reformas, como la que se está negociando con los agentes sociales, y que "en mayo puede quedar finalizada".

Esa reforma, en cuya negociación no ha habido "escollos" como los hubo en la reforma el mercado de trabajo, endurecerá los requisitos para acceder a la jubilación parcial, que está generando un gasto con un crecimiento "extraordinario" y que puede "poner en riesgo la estabilidad del sistema", advirtió.

Además, el ministro advirtió de que "en el futuro" (no precisó si será en esta legislatura) habrá que reformar también la prestación de viudedad que "responde a un modelo obsoleto".

Caldera avanzó que la pretensión del Gobierno es eliminar ese derecho en los casos de los divorciados y cuando haya otras rentas (prestaciones o salario).

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