El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido por unanimidad al Gobierno aragonés iniciar los pasos administrativos para poder ejercer la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico, que incluye, entre otras, inspección y control del dominio público, inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, realización de aforos y controles de calidad y dirección de los servicios de guardería fluvial.

La proposición no de ley, presentada por el Partido Aragonés (PAR), solicita, concretamente, al Gobierno de Aragón reformar la normativa que sea necesaria para adaptarse a la modificación de la Ley de Aguas y que se dirija al Ejecutivo central para iniciar "de manera urgente" los pasos administrativos necesarios para completar la transferencia de dicha competencia, contemplada en el artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

El diputado del PAR, Alfredo Boné, ha subrayado que la Comunidad aragonesa es una de las tres que recoge en sus Estatutos esta competencia, junto con la catalana y andaluza, para recalcar que para Aragón "es importante poner ir más allá en los aspectos relativos a la guardería fluvial".

Asimismo, se ha referido al "compromiso" de las Cortes de Aragón en esta materia en las Bases de la Política de Agua y en otras iniciativas.

También ha señalado que es una cuestión "en la que todos los grupos políticos podemos unir nuestras voluntades para presentar una decisión común" porque "no deberíamos retroceder ni un metro en la asunción de nuevas competencias, sobre todo si son en materia de aguas". IMPROVISACIÓN

El diputado del Partido Popular (PP), José Manuel Cruz, ha criticado la "improvisación" con la que el Gobierno central ha modificado la ley de Aguas y ha opinado que esta competencia es ejercida "de forma satisfactoria por la Administración General del Estado" y por quienes tienen "encomienda de gestión".

No obstante, ha recordado que la propuesta del PAR es el objetivo seis del acuerdo de gobernabilidad suscrito en Aragón por PP y PAR y por eso el Gobierno aragonés "realizará los informes jurídicos y técnicos necesarios para el traspaso de dicha competencia".

La diputada del Partido Socialista, María Isabel de Pablo, ha mostrado su acuerdo a la iniciativa porque "está en el Estatuto aragonés, desde el PSOE siempre vamos a defender a ultranza la unidad de cuenca, concepto clave para la gestión del agua" y porque esta petición está en línea con "la reforma de la ley propuesta y aprobada por el Gobierno socialista" en Madrid y que "nos viene muy bien a Aragón".

El diputado de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha aclarado que el traspaso de competencias que se pide "no rompe la unidad de cuenca" porque "hablamos de gestión y no de planificación" y ha defendido que Aragón "tengan todas las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, y cuanto antes mejor" porque hará posible una gestión "más eficaz, más próxima" y "mejor de nuestros ríos".

El diputado de Izquierda Unida, Miguel Aso, ha calificado de "inoportuna" e "improvisada" la reforma de la ley de Aguas y "eso nos preocupa", para, no obstante, manifestar su acuerdo con "lo regulado en el Estatuto de Autonomía" sobre la cuestión.