El presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, ha presentado este martes su dimisión de dicho cargo para que así "sea más fluida la relación" de la representación laboral con la multinacional italoalemana KME, tras iniciar ésta los trámites para liquidar su negocio en España, cerrando la factoría cordobesa y sus instalaciones de Barcelona.

En declaraciones a Europa Press, Pozuelo ha explicado que ha tomado esta decisión, sin que se lo pidan sus compañeros, dado "el enfrentamiento visceral" que el director general de KME en España, Andrés Barallobre, mantiene con él, hasta el punto de que ha hecho del conflicto de Locsa "una cuestión personal", por su mala relación con Pozuelo, el cual ahora ha preferido "dar el relevo" al frente del comité de empresa de Locsa A otro sindicalista de CCOO, Julio Noci, "para facilitar así el entendimiento entre el comité y la empresa".

A este respecto, Pozuelo ha dicho esperar que su paso atrás, aunque siga siendo delegado sindical de CCOO en la fábrica cordobesa, "sirva para lograr lo mejor para los trabajadores de Locsa", añadiendo que "el tiempo dirá si se puede evitar su cierre", aunque no es muy optimista al respecto y piensa que "se tendría que haber hecho algo más" para evitar la desaparición de la centenaria factoría cordobesa, que ahora pretende KME.

De hecho, la multinacional, según publica 'El Día de Córdoba', ha tomado la decisión de liquidar su negocio, tanto en Córdoba como en Barcelona, como única vía legal para cerrar la planta cordobesa, lo cual es su objetivo desde que el pasado mes de marzo anunció pérdidas millonarias que justificaban, a su juicio, el cierre de Locsa para el pasado 30 de junio.

Según ha asegurado el director general de KME en España, Andrés Barallobre, se han visto "obligados" a disolver la sociedad debido a la falta de acuerdo con la plantilla cordobesa. De este modo, no sólo se pierden los 120 de puestos de trabajo de Locsa en Córdoba, sino que también serán despedidos otros 30 empleados de las instalaciones de Barcelona. Tampoco se salvarán los traslados previstos, ni la treintena de empleos que, según había dicho anteriormente la empresa, se podían mantener en Córdoba si se conservaba activa la parte de fundición.

Barallobre ha subrayado que no hay marcha atrás y que el siguiente trámite es iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para toda la plantilla con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades y sin contemplar prejubilaciones, tal y como planteaba en el anterior ERE que presentó y que la Junta de Andalucía rechazó al considerar que no estaba justificado.

Ahora los planes de KME son que en el plazo de un mes se haya disuelto la sociedad y aplicado el nuevo ERE a todos los trabajadores. Barallobre opina que se cumplen los requisitos legales para la liquidación del negocio, puesto que las pérdidas superan el 40% del capital social y ha dicho lamentar que se haya tenido que ampliar el cese de la actividad a Barcelona.