El PP propone una segunda descentralización de competencias a las administraciones más cercanas y eficientes

Apuesta por que las autonomías "transfieran y den entidad jurídica y competencial a los entes locales"

El senador del PP por la Región de Murcia, José Joaquín Peñarrubia, ha afirmado que si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales del 20 de noviembre, planteará una "segunda descentralización" que evite la duplicidad de competencias, y apuesta por transferir estas atribuciones a las administraciones que prestan los servicios de forma más eficiente y cercana.

"No se trata de cambiar el modelo autonómico, que ha dado décadas de progreso y prosperidad, sino de consolidarlo y hacerlo viable con criterios de eficacia", ha señalado Peñarrubia en una rueda de prensa ofrecida junto al vicesecratario de Organización y Relaciones Institucionales del PP, Pedro Antonio Sánchez, para presentar las propuestas del Partido Popular para lograr una mayor eficiencia de las administraciones públicas.

Peñarrubia ha rememorado que los españoles "hicieron un enorme esfuerzo cambiando un Estado centralista por un Estado autonómico transfiriendo a las comunidades competencias y recursos", pero ha estimado que "ha llegado el momento de que esas autonomías, a su vez, transfieran y den entidad jurídica y competencial a los entes locales para poder prestar con más y mejores garantías los servicios".

Ha recordado que, gracias a la Constitución de 1978, España es el Estado "más descentralizado del mundo", pero ha matizado que es preciso que sea "más eficiente", y ha citado el ejemplo de las "competencias impropias, que son aquellas que han tenido que asumir las comunidades y ayuntamientos para dar respuesta a las demandas ciudadanas sin tener la competencia ni la financiación".

Por ejemplo, Sánchez ha señalado que se estima que estas competencias impropias que los ayuntamientos ejercen "suponen el 30 por ciento del gasto de los presupuestos municipales". El alcalde de Puerto Lumbreras ha dicho que los consistorios "no se niegan a cumplir y seguir desarrollando estas políticas, pero siempre que se asuman y se reciba la financiación adecuada".

Peñarrubia ha explicado que actualmente existen "hasta tres redes administrativas para prestar determinados servicios públicos", y solventar esta situación requiere, a su juicio, un riguroso análisis técnico y, sobre todo, "una decidida voluntad política, de forma que los entes locales, las comunidades y el Gobierno central se pongan de acuerdo y analicen caso a caso".

El senador popular ha sostenido que la competencia debe recaer en la administración que demuestre "objetivamente que es más eficiente en la respuesta al servicio público que se presta". Así, ha dicho que el PP cree en el principio d que debe de haber "una competencia por cada administración, ya que no puede estar dividida una misma competencia entre varias administraciones".

Esto revierte en "menos papeles, menos burocracia y una mayor seguridad jurídica", según Peñarrubia, quien ha adelantado que si los ciudadanos dan su confianza al PP el próximo 20 de noviembre, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobará en primer lugar "una Ley orgánica de estabilidad presupuestaria para que los gestores públicos nunca asuman compromisos de gasto sin respaldo presupuestario".

Asimismo, ha dicho que el PP impulsará un pacto territorial por la austeridad y la eficacia; y establecerá por Ley una cartera de servicios públicos comunes para todos los ciudadanos en materia de Educación, Sanidad y prestaciones sociales. Además, ha añadido que aprobará una Ley de unidad de mercado que, en colaboración con las comunidades, ponga fin a "los obstáculos que dificultan la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional".

A este respecto, ha criticado que "no es posible que la normativa de vehículos "sea distinta por comunidades, al igual que los requisitos para una mera licencia de caza o, incluso, los incentivos fiscales para el asentamiento de multinacionales".

Además, ha precisado que el Gobierno del PP impulsará un sistema de reconocimiento de autorizaciones y licencias para que los emprendedores tengan todas las facilidades y puedan aprovechar todas las oportunidades, de forma que los negocios se puedan abrir en plazos mínimos de 24 horas.

Otra de las medidas que introducirá el PP en su programa es que "cada vez que se apruebe una ley, debe quedar meridianamente claro qué otras leyes se derogan y a cuales afecta". Así, ha dicho que "no cabe la inseguridad de modificación y de parches en las leyes existente hasta ahora".

Entre otras reformas, Peñarrubia también ha dicho que el PP reformará la Ley de subvenciones para "hacerla más exigente y objetiva, menos arbitraria y discrecional de lo que lo es ahora". Asimismo, ha señalado que aprobará una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública, para que el ciudadano sepa en todo momento en qué estado se encuentra su tramite administrativo.

Por último, ha añadido que el PP reducirá la proliferación de organismos regulados, como de la energía, del mercado de valores o las telecomunicaciones, que al final "solo sirven para recolocar al que se ha quedado descolgado de un grupo político, pero no para solucionar los problemas de los españoles".

Objetivo final:

Crear empleo

Peñarrubia ha puntualizado que el objetivo es "disminuir el déficit y no aumentar la deuda, que ya se eleva a los 500.000 millones de euros y que, desde 2008, ha crecido a razón de siete millones de euros por hora". Además, ha recordado que esta deuda "genera 30.000 millones de euros de intereses al año".

Para ejemplificar la importancia de esta cuantía, Peñarrubia ha comparado estos 30.000 millones de euros con "los algo más de 90 millones de euros que, por ejemplo, tiene el Ayuntamiento de Lorca, que atraviesa un momento de catástrofe tras los terremotos del pasado 11 de mayo".

Para rebajar el déficit público, el PP propone hacer "reformas estructurales y conseguir una administración pública madura, eficiente y cercana al ciudadano, que aplique criterios de austeridad y que permita evitar solapamientos, gastos superfluos y burocracia". A su juicio, al sector público hay que evaluarlo "por lo que ahorra, no por lo que gasta".

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