Los tres grupos del Parlamento gallego exigirán a la Xunta de Galicia que, ante el Consello de Contas, consulte posibles mecanismos alternativos de transparencia y control de la financiación público privada. Estos serán los términos mínimos en que se pronunciará la Cámara gallega a través de una propuesta de resolución impulsada por el Grupo del PPdeG derivada del informe del órgano fiscalizador relativo a 2008 y correspondiente a la Memoria de 2010, si bien las formaciones de la oposición son más contundentes en esta petición.

En todo caso, la propia Consellería de Facenda, a raíz de la memoria presentada por el conselleiro maior, Luciano Fariña, y después del debate parlamentario, informó de que pedirá un dictamen en el que haga una propuesta técnica sobre los límites financieros de la colaboración público-privada, a la que ha acudido el Gobierno gallego para infraestructuras como el nuevo hospital de Vigo.

De hecho, en el propio informe del Consello de Contas recomendó a la Administración autonómica que "reclame la fijación de reglas más claras y concretas" sobre las figuras de colaboración público-privada y "fije límites" para comprometer gastos con cargo a ejercicios futuros. Ya en ese primer debate, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, sugirió: "Me permito solicitar una fiscalización específica" de la colaboración público privada.

Así las cosas, en la propuesta de resolución del PPdeG, que saldrán en todo caso adelante, aunque cabe la posibilidad de transaccionar con los otros dos grupos que son más contundentes en su petición, pide en la número cuatro que la Xunta "solicite del Consello de Contas una consulta relativa a los posibles mecanismos alternativos de transparencia y control de la financiación público privada para su posible aplicación".

Sobre esta misma cuestión, los socialistas y nacionalistas reclaman, con igual redacción, "mejorar la regulación, control e información" relativa a la posibilidad de comprometer gastos con cargo a ejercicios futuros y, en particular, mediante acuerdos de colaboración público privada, "incluyendo en los estados de gastos de las leyes anuales de presupuesto, las previsiones de gasto y la relación de proyectos a ejecutar durante el ejercicio por medio de estos instrumentos".

De hecho, PSdeG y BNG presentaron un total de cinco propuestas de resolución con idéntica redacción en la que piden, en la primera de ellas, "aprobar la cuenta general" de la Comunidad Autónoma correspondiente al año 2008, cuando gobernaba el bipartito y año fiscalizado en la Memoria del Consello de Contas de 2010.

La xunta comparecerá anualmente

También instan a la Xunta a "cumplir" las recomendaciones contenidas en el informe y a que "todos los organismos y entidades utilicen el idioma gallego en su relación con el Consello de Contas". Finalmente, apuestan por que el Gobierno gallego "haga efectivas sin más demora las prestaciones derivadas de la aplicación de la Ley de autonomía personal que ya están reconocidas".

Por su parte, las que saldrán adelante con toda seguridad son las del PPdeG, que suman un total de seis y que también se refieren a la necesidad de "anticipar la rendición" de la cuenta general de la Comunidad gallega, para aproximar los informes al ejercicio en curso.

También pide cumplimiento de las recomendaciones, con la redacción de instar a la Xunta a "continuar dando cumplimiento efectivo" a las recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador, al tiempo que demanda que el Gobierno gallego comparezca "anualmente" para informar de las actuaciones realizadas para hacer el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del Consello de Contas.

Además, los populares, instarán a la Xunta a realizar una "mejor planificación plurianual" de los fondos europeos que evite que, al final de cada ejercicio, "se distorsione" el presupuesto autorizado y su grado de ejecución y se genere "un excesivo empleo" de las incorporaciones presupuestarias. Finalmente, instarán a que la Xunta "ponga en marcha los mecanismos oportunos para recoger de forma adecuada el inventario de bienes de la administración autonómica".

Recomendaciones a contas

Por otro lado, los grupos parlamentarios también han realizado distintas recomendaciones al órgano que dirige Luciano Fariña. De esta manera, el PPdeG insta a "continuar aproximando" los informes al ejercicio en curso, "difunda y facilite la rendición telemática de las cuentas de los entes locales", una vez firme el convenio con el Tribunal de Cuentas para la implantación de medidas de coordinación.

El grupo mayoritario de la Cámara también apuesta por "mantener, con carácter periódico, los informes sobre la actividad económico financiera de las entidades públicas dependientes de la administración", que se presentó por primera vez en 2006.

Los socialistas, por su lado, recomiendan hacer un "balance específico" sobre el nivel de cumplimiento de sus recomendaciones y un "análisis detallado" por departamentos o áreas dentro del sector público autonómico. Además, insta a incluir planes anuales de fiscalización de las corporaciones locales que "de forma reiterada, incumplen la obligación de presentación de sus cuentas anuales" y piden fiscalizar de forma "específica" la contratación de entidades que conforma el sector público autonómico.

A este respecto, también apuestan por un informe de fiscalización específico sobre el grado de cumplimiento de los fines para las que fueron creadas cada una de las entidades que conforman el sector público y otro sobre las entidades públicas dependientes o con participación mayoritaria de las diputaciones provinciales.

El BNG reclama las mismas medidas para las corporaciones locales que incumplen sus obligación de presentar sus cuentas anuales y, al igual que el PSdeG, una fiscalización específica sobre la "situación actual y la evolución reciente del endeudamiento de la Comunidad Autónoma, incluyendo las obligaciones contraídas por medio de instrumentos de financiación público privada", que abarque la totalidad del sector público.

En el caso de los nacionalistas, este grupo apuesta por que Contas desarrolle un informe de fiscalización específico sobre las cámaras de comercio gallegas y su viabilidad, después de la supresión de la cuota obligatoria.

Finalmente, el Bloque demanda que Contas realice un informe sobre el impacto de la contratación de obras y servicios de la Comunidad Autónoma sobre las empresas radicadas en Galicia.