La Fegamp apuesta por servicios mancomunados en vez de "soluciones mágicas" para fusionar ayuntamientos

Denuncia que el "30% de los gastos" de los municipios son impropios y aboga por mejorar los servicios para conciliar vida familiar y laboral

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, ha apostado por tomar "tránsitos intermedios" como la prestación de servicios mancomunados antes de optar por la fusión de ayuntamientos que cree "una solución mágica" con poca eficiencia.

En la comisión no permanente de estudio para la elaboración de un plan de dinamización demográfica de Galicia, Carlos Fernández ha identificado la fusión de ayuntamientos con las "soluciones simplistas" aportadas sobre la problemática de la planta administrativa que se proponen en épocas de "bajón mediático" propias de periodos vacacionales, por lo que ha abogado por "avanzar" en la mancomunidad de servicios, ya que "se han dado muy pocos pasos" en este sentido como una de las medidas que favorecerían la mejora de la natalidad gallega.

Aunque ha apuntado que en la actualidad existe "siete u ocho" casos "francamente posibles" para la unión de municipios -entre los que ha incluido el caso de Ames y Brión, aunque ha subrayado que hubiese sido "echado a gorrazos" por la ciudadanía si lo hubiese propuesto cuando era alcalde del primer ayuntamiento- Fernández no cree que este sea uno de los caminos a seguir.

De hecho, no ve que el número de habitantes de los ayuntamientos sea el problema sino que lo identifica con la dispersión existente en Galicia, ya que de las 30.000 entidades de población gallegas -enmarcadas en 315 ayuntamientos, lo que da lugar a 95 entidades por cada municipio-, unas 27.000 tienen menos de 100 habitantes, lo que complica la dotación de servicios.

De este modo, el presidente dela Fegamp ha señalado que solo 22 de los 315 ayuntamientos gallegos tienen menos de mil habitantes, por eso, en pro de la mejora de las estadísticas de la natalidad gallega, Fernández ha abogado por, entre otras medidas, una mejor ordenación territorial, una buena planificación administrativa, una mejor cooperación entre administraciones —de actuación en red con mayor protagonismo del municipalismo—, y unos servicios eficientes que ayuden a conciliar la vida laboral y familiar.

Por su parte, el diputado socialista José Luis Méndez Romeu ha coincidido con el análisis de Carlos Fernández para defender que el problema no reside en el número de ayuntamientos "ni tampoco en el tamaño de la población", sino en las "pocas fórmulas de cooperación supralocal", y ha advertido de la "limitación gravísima" de los municipios para avanzar en su gestión.

También el diputado popular Román Rodríguez ha destacado en su turno de palabra que la eliminación de ayuntamientos de menos de 1.000 habitante solo serviría para "llenar periódicos", ya que considera que el ahorro que supondría sería ínfimo en relación al 13 por ciento del gasto que suponen los ayuntamientos en el total de las administraciones. FINANCIACIÓN

Una de las cuestiones sobre las que ha llamado la atención el presidente de la Fegamp en su intervención parlamentaria, es la de la financiación de los ayuntamientos, en donde ha censurado que el "30 por ciento" de los gastos son "impropios" ya que se corresponde con otras administraciones.

Para lo cual ha puesto el ejemplo de los conserjes de los colegios dependientes de la Consellería de Educación que son pagados con fondos de los ayuntamientos, y es que según ha denunciado, cada año, los municipios gastan 70 millones de euros que no le correspondería en esta materia.

Por ello, ha demandado más partidas económicas que los ayuntamientos puedan distribuir según sus criterios y no vengan asignadas de manera finalista.

Al respecto, ha criticado la falta de fondos de nivelación, para denunciar que "no se activó" el fondo de compensación territorial, con el que poder desarrollar políticas para el relanzamiento socioeconómico de los ayuntamientos.

Sobre este extremo, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, ha criticado la reforma constitucional que implica que los ayuntamientos deban tener "déficit cero", lo que a su juicio, dará lugar a que, o bien "dejen de aplicar servicios" o deban vender patrimonio.

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