Díez ha hecho estas afirmaciones en el Pleno del Parlamento riojano, al que la Defensora ha expuesto el resumen del informe de actividad de esta entidad en el año 2010.

CONSULTAS

La Defensora ha explicado que han sido tema de numerosas consultas las consecuencias derivadas de la crisis económica, por ejemplo los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y la posibilidad de acceder a otras ayudas una vez agotadas las prestaciones por desempleo.

En cifras, las materias relativas a Trabajo y Seguridad Social han sido motivo de 113 consultas (6,9 por ciento del total). En cuanto a Bienestar Social han sido 136 (8,3 por ciento); y respecto a temas institucionales han sido 157 (9,58 por ciento).

Cabe destacar que las consultas aumentaron en 2010 hasta 1.638, respecto a las 1.368 registradas el año anterior.

QUEJAS

Díez ha afirmado "que el medio ambiente ha sido el tema estrella de las quejas", si bien otras materias como Bienestar Social y Función Pública han sido también significativas. Las quejas han sumado 557, respecto a las 513 de 2009.

Así la Defensora ha explicado que las quejas por cuestiones medioambientales sumaron 80 (un 14,36 por ciento del total). Varias hacían referencia a la contaminación acústica y los ruidos, fuente de conflictos entre vecinos y empresas hosteleras o de ocio. Además, se ha referido a las recomendaciones realizadas a varios Ayuntamientos de adaptar su ordenanza de ruidos a la normativa actual.

Otros temas que han motivo quejas en materia medioambiental ha sido la "contaminación olfativa" fruto de la actividad de una empresa en Haro, conflicto que está "en vías de solución"; el acceso a información medioambiental y la exposición a campos electromagnéticos.

En cuanto a las quejas relativas a la función pública ha explicado que éstas "se han duplicado", al pasar de 40 a 84 en 2010 (15,08 por ciento del total). Entre los motivos de queja se encuentra la disminución del salario de los funcionarios; las decepciones en cuanto a la convocatoria y resolución de oposiciones; o la pérdida de trabajo y/ o reubicación a consecuencia de privatizaciones de servicios públicos.

Las 77 quejas relativas a servicios sociales (13,82 por ciento) hacían referencia a la Ley de Dependencia; la "fuerte demanda de recursos sociales de todo tipo"; y diversos problemas relativos a personas mayores, discapacitados, acogida de menores, adopciones...

La Defensora ha aclarado además que no puede actuar en causas judiciales abiertas, o en conflictos de índole política que "comprometan la independencia de la institución".

Procedimientos de oficio

Díez ha explicado que la Defensoría ha realizado 28 procedimientos de oficio —aquellos emprendidos por iniciativa de la institución—, la mayoría dirigidos a las Consejerías del Gobierno de La Rioja, especialmente a la de Administraciones Públicas (5, un 21,74 por ciento), y a diversos Ayuntamientos.

Además, la Defensoría del Pueblo ha emitido tres informes especiales. Uno sobre la "necesidad de traslado de la subestación eléctrica de Cascajos en protección de los derechos de los vecinos"; otro sobre los "el impacto de la crisis en el ejercicio de los derechos de las personas"; y un último sobre la trasposición de la Directiva de Servicios por las Administraciones Públicas.

Informes de constitucionalidad

Díez también se ha referido a los informes de constitucionalidad de 2010. Entre ellos, el 'blindaje' a las normas tributarias vascas; el decreto ley de medidas extraordinarias para reducir el déficit; el de reforma del mercado laboral; y el relativo a la Ley 7/2010 del 31 de marzo sobre Comunicación Audiovisual.

Además, la Defensora ha emitido 49 recomendaciones, 38 sugerencias y 8 recordatorios de deber legal.

Opinión de los partidos

El portavoz del grupo parlamentario mixto Miguel González de Legarra —grupo integrado por el Partido Riojano (PR)— ha felicitado a la Defensora por su labor. "Podía haberlo hecho menos bien, y aún así lo hubiera hecho muy bien, pero ha decidido hacerlo mejor".

Legarra ha criticado a la presidenta del Gobierno de Castilla La Mancha Dolores de Cospedal por suprimir la Defensoría del Pueblo en esta comunidad. Considera que esta decisión es "regresiva, restrictiva y equivocada".

Palabras similares ha pronunciado el portavoz del grupo parlamentario socialista Francisco Martínez Aldama. Ha exigido que si la supresión de esta figura se debe a criterios económicos, en vez de suprimir la Defensoría, se deberían aplicar "mayores criterios de austeridad".

Por último, el portavoz del Partido Popular ha expresado su "satisfacción" con la labor de la Defensoría y el hecho de que la oposición también reconozca esta tarea. Respecto a la decisión de su compañera de partido, Dolores de Cospedal, ha respondido que si el PP "no hubiera querido que la Defensoría del Pueblo existiese, no la hubiera creado".