La Consejería de Educación ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden que regula el nuevo Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares (Plan de Calidad) en los centros públicos de la comunidad y que prevé incentivos de hasta 7.000 euros para los profesores participantes. Esta nueva normativa entrará en vigor este viernes con el rechazo en bloque de todos los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Educación; es decir, de ANPE, CSI-F, CCOO, UGT y USTEA.

Tras presentar el pasado mes de abril un borrador de la nueva orden a estas organizaciones sindicales y celebrar una última mesa para renegociar el Plan de Calidad en julio e intentar acercar posiciones, la Junta ha publicado este jueves la nueva norma que, entre otras novedades, contempla que sea el Consejo Escolar, aunque a propuesta del Claustro, el órgano que decida la adhesión al programa, que la evaluación de los objetivos educativos de mejora se haga de forma anual de acuerdo a la secuenciación planificada por los centros y que los incentivos se reciban "no de manera secuencial" como hasta ahora, sino en función del grado de cumplimiento de los mismos. Además, se incluyen incentivos económicos de "al menos un cinco por ciento" para los centros que consigan superar el cien por cien de los objetivos.

Aunque por muchos y muy diferentes motivos, los cinco sindicatos se oponen a esta nueva orden del Plan de Calidad así como a su nueva convocatoria, que se abrirá desde el próximo día 1 hasta el 31 de octubre. CSI-F y USTEA, que recurrieron la primera orden con la que Educación puso en marcha en 2008 este programa y a los que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio parcialmente la razón anulando de forma provisional el Plan, reconocen que esta nueva orden incluye los argumentos del Alto Tribunal pero, aún así, dicen no compartir la filosofía del Plan de Calidad porque "carga sobre las espaldas del profesorado todos los males del sistema educativo" y porque "significa la puesta en marcha de un modelo que solo pretende implantar la productividad en los centros".

Sin embargo, desde Educación señalan a Europa Press que el nuevo Plan de Calidad se ajusta fielmente a la jurisprudencia creada por el TSJA en tanto en cuanto éste defendía que los incentivos económicos al profesorado "debían estar necesariamente ligados a la consecución de los objetivos y que no cabían pagos lineales". Es decir, que no había lugar a que los profesores adheridos al Plan cobraran, "de manera lineal", los 600, 1.200, 1.800 y 3.400 euros correspondientes a los cuatro años de aplicación del mismo sin que se comprobara que realmente habían cumplido los objetivos de mejora.

Ante ello, el nuevo Plan de Calidad establece que los centros que se adhieran al programa deben planificar de forma anticipada qué objetivos pretenden cumplir al cabo de cuatro años y cómo lo harán cada curso. Por ejemplo, si un colegio o instituto se propone mejorar la comprensión lectora de sus alumnos en un 20 por ciento en los próximos cuatro años, podría temporalizar este objetivo de manera que alcance un 5 por ciento el primer año, un diez el segundo, un 15 el tercero y un 20 el cuarto.

Eso sí, a diferencia del antiguo plan en el que los profesores cobraban "siempre 600 euros el primer año, 1.200 el segundo, 1.800 el tercero y 3.400 el cuarto con independencia de que el centro llegara cada año a los objetivos marcados, ahora no". Solo se pagarán 600 euros al profesor si el primer año llega a este hipotético 5 por ciento. Si se queda en el 2,5 por ciento, cobrará la parte proporcional (300 euros) y si no consigue ninguna mejora, "no cobrará nada".

No obstante, Educación ha contemplado en la nueva orden un "mecanismo de corrección" para que si el colegio o instituto, pese a no conseguir los objetivos marcados cada año, sí consigue el final al cuarto año de aplicación del plan, "pueda recuperar lo que se ha perdido antes". Para ello, se ha incluido en la orden, consultada por Europa Press, una variable llamada "Z" y que se corresponde con "la suma de los incentivos económicos correspondientes a objetivos no alcanzados en las valoraciones anuales". Este 'correctivo' se aplicará siempre en el cuarto y último año de adhesión al plan.

Para ANPE, este nuevo modelo de incentivos "no lineales" suponen un "retroceso económico" respecto al plan anterior porque, a diferencia de aquel, "las cantidades ya no son entregas a cuenta, sino que están sujetas a la evaluación anual a consecuencia de las sentencias del TSJA ante los recursos interpuestos por CSI-F y USTEA". "Estas organizaciones pretendían que se proclamara la nulidad del programa y lo que han conseguido es que el juez dictamine que el plan está dentro de la legalidad pero que se necesitaban ajustes", ha reprochado el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla, a estos sindicatos al tiempo que ha pedido "un incentivo de aplicación universal para el profesorado y que abra las puertas al establecimiento de la carrera profesional docente".

También CCOO ha arremetido contra ambos asegurando que "las sentencias judiciales ganadas por CSI-F y USTEA perjudican gravemente el desarrollo del Plan de Calidad" al considerarse como objetivos educativos "tan solo los rendimientos académicos del alumnado y no todo el trabajo docente destinado a la mejora de los procesos educativos".

Por su parte, CSI-F y USTEA justifican su continuo rechazo al Plan, pese a haber ganado los recursos interpuestos ante el TSJA, en que el Alto Tribunal y, en consecuencia la Consejería de Educación, solo han atendido "a una mínima parte" de sus demandas y en que los primeros cuatro años de aplicación del mismo han demostrado "que es inútil" para mejorar los objetivos educativos. En este sentido, el responsable de acción sindical de USTEA, José Segovia, señala que el hecho de que Educación no haya hecho públicos aún los resultados de esta primera evaluación evidencia "que los centros con Plan de Calidad no han mejorado respecto a los que no lo tienen".

Otras novedades del plan

Las otras novedades fundamentales del nuevo Plan son dos. Que será el Consejo Escolar el que definitivamente apruebe la adhesión del centro educativo al programa —previa propuesta mayoritaria del Claustro— y que los centros también recibirán anualmente incentivos económicos de hasta un cinco por ciento para gastos de funcionamiento.

Según Educación, el hecho de que el Consejo Escolar apruebe el Plan de Calidad a propuesta de una mayoría simple del Claustro (en lugar de una mayoría de dos tercios) permite "no orillar" la decisión del profesorado a la vez que cumplir también así las recomendaciones del Alto Tribunal andaluz, que recodaba que la Ley de Educación de Andalucía (LEA), en su artículo 135, establecía que el Plan de Centro —donde debe ir incluido el Programa de Calidad— debía ser aprobado por el Consejo Escolar.

En cuanto a los incentivos para los centros, el nuevo Plan de Calidad recoge que la Consejería de Educación "incrementará en un 5 por ciento durante el curso escolar siguiente la cantidad asignada para gastos de funcionamiento de los centros docentes que participen en el Programa y obtengan, en las valoraciones anuales o en la evaluación final, un porcentaje de cumplimiento de los objetivos superior al 75 por ciento".