El juez Pablo Ruz ha reclamado a la Agencia Tributaria y a los juzgados mercantiles que remitan a la Audiencia Nacional informes sobre las cuentas y los procesos concursales de varias sociedades de Nueva Rumasa, según el auto dictado el pasado martes, al que tuvo acceso Europa Press.

En concreto, Ruz urge a Hacienda a entregar el informe relativo al análisis de las cuentas bancarias de las sociedades del grupo, así como de los miembros de la familia Ruiz-Mateos, con la finalidad de determinar el paradero de los fondos depositados por los inversores de pagarés.

Por su parte, los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Valladolid y Cádiz deberán entregar al juez los informes patrimoniales de Clesa, Hibramer y Bodegas Valdivia, respectivamente. Todas ellas ejercieron de emisoras o avalistas de los pagarés emitidos por Nueva Rumasa.

El juez también otorga a los nueve miembros de la familia Ruiz-Mateos un plazo de 10 días, desde que reciban el requerimiento, para abonar la fianza de 30 millones de euros impuesta para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso penal.

El pasado 3 de junio el juez ya formuló todas estas peticiones en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por un grupo de inversores en contra de los Ruiz-Mateos por presunta estafa e insolvencia punible. La causa cuenta ya con una decena de acusaciones particulares y con la Fiscalía Anticorrupción.

En el auto, el juez señala las declaraciones de los imputados, al considerar que "no debe demorarse más la realización de dicha diligencia", a pesar de "reiterar" la "urgente cumplimentación de aquellas que se encuentran pendientes".

De este modo, el juez cita a declarar como imputados el próximo 18 de octubre al patriarca de la familia, José María Ruiz-Mateos; a su mujer, Teresa Rivero, y a sus hijos Zoilo y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero. Al día siguiente están citados los otros cuatro hijos varones de Ruiz-Mateos y su sobrino Zoilo Pazos Jiménez. Todos están imputados por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible.

Las acusaciones particulares las encabezan los despachos Martínez Echevarría y V Abogados, que aglutinan a cerca de 200 inversores en pagarés. El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011, lo que podría alcanzar una cifra cercana a los 5.000.