El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido por unanimidad al Gobierno aragonés que se dirija Ejecutivo central para abrir un proceso negociador con el fin de que se busquen mecanismos que permitan compensar las liquidaciones negativas de Aragón de las anualidades de 2008 y 2009 con el déficit de inversiones de la Administración General del Estado en la Comunidad autónoma.

La iniciativa señala que ese déficit inversor se deriva de la falta de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Aragón y precisa que en el proceso negociador se puede incluir la posibilidad de reversión de bienes inmuebles.

Asimismo, las Cortes han pedido que se establezca una fórmula que garantice los niveles de ejecución de las actuaciones de los PGE para Aragón, incluyendo mecanismos de transferencia de remanentes a la Comunidad autónoma con objeto finalista, así como la realización de obras de interés general por la Administración autonómica en virtud de los mecanismos de colaboración con la Administración General del Estado, de los que se fije la financiación y plazos.

Finalmente, la iniciativa pide que se defienda un sistema de financiación autonómica "que sea equitativo, solidario y justo con Aragón" y "atienda nuestras peculiaridades", así como permita gestionar la economía creando empleo y garantice el mantenimiento del Estado del Bienestar, incluyendo el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

La iniciativa ha sido presentada por el Partido Aragonés (PAR) y transaccionada a través de las enmiendas presentadas por Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU). El diputado del PAR, Alfredo Boné, ha señalado que la liquidación negativa de los años 2008 y 2009 hace que Aragón deba devolver a Estado 921 millones de euros por las "previsiones erróneas que el Gobierno central hizo en su día".

El parlamentario ha propuesto compensar esa cifra con la "baja ejecución" de las inversiones del Estado en Aragón, respecto a las que ha dicho que en los últimos diez años la Administración central ha dejado de ejecutar entre 3.500 y 4.000 millones de euros. "Por qué tenemos que perder ese dinero", se ha preguntado, para proponer esa compensación, además de reclamar un sistema de financiación autonómico "que sea justo con Aragón".

No hay impedimiento

El diputado del Partido Popular, Jorge Garasa, ha argumentado que "no hay impedimento a la realización de acciones, dentro de lo regulado en el Estatuto de Autonomía, para acuerdos y compromisos que mejoren las posibilidades de financiación de la Comunidad autónoma" y comentar que "los anteriores gestores deberían haber previsto que las cuentas eran erróneas".

La diputada del Partido Socialista, Ana Fernández, ha señalado que "es bastante fácil tener errores de cálculo", para recordar que su partido acudió a los tribunales cuando gobernaba "para exigir el cumplimiento de las obligaciones con Aragón; lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo" y asegurar que el actual sistema de financiación "es más justo" que el establecido mientras gobernaba el PP en el Ejecutivo central.

El diputado de CHA, José Luis Soro, se ha felicitado por la unanimidad "en una cuestión tan importante", si bien ha manifestado que espera que el PAR "no nos traiga todo el pacto de gobernabilidad por partes, porque la oposición de verdad, la que no gobernamos, tendremos menos tiempo para realizar las funciones de impulso y control al Gobierno".

Boné le ha respondido que su grupo "no utiliza tiempo de nadie, sino el suyo", "el tiempo que nos han dado los aragoneses", porque tiene siete diputados "y eso le da derecho a presentar las iniciativas que le permita el reglamento".

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha estimado que este acuerdo "va a ser importante" y por eso ha dicho que su grupo "va a estar vigilante", para apoyar "todo lo que contribuya a traer más recursos a la Comunidad autónoma" y a crear empleo, después de que el Estado "no ha cumplido con la Comunidad estos diez años" y el sistema de financiación autonómica "adolece de los criterios importantes para nuestra Comunidad".