Hasta la semana pasada, si un juez quería presentarse a unas elecciones generales, autonómicas o locales para ocupar un cargo político tenía que pedir una excedencia voluntaria de su puesto. Durante el tiempo que permanecía en dicho estado, no cobraba como miembro de la carrera judicial, no acumulaba antigüedad en el cargo ni se le reservaba la plaza que tenía.

Ahora, si el juez -o un fiscal- quiere hacerlo, podrá solicitar acogerse al régimen de "situación de servicios especiales": así, el tiempo que permanezca en el cargo político le computa "como servicios efectivos en la Carrera Judicial". Este cambio es producto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 22 de septiembre.

Esta reforma fue incluida dentro del Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal. Se introdujo como una enmienda en el Senado a la disposición final primera (nueva) del texto, y provocó un desglose de la misma en forma de "nuevo texto legislativo". Al llegar al Congreso y dado su carácter orgánico -se trataba de reformar la Ley Orgánica de 1985 del Poder Judicial- se votó por separado.

La votación se saldó con 343 votos a favor y una abstención. La reforma no contiene preámbulo ni exposición de motivos que den cuenta de las razones de la modificación legislativa y, además, permite a quien se encuentre ahora mismo en situación de excedencia voluntaria, porque desempeña un cargo, cambiar su estatus al de "servicios especiales", cuyas características se le aplicarán con retroactividad.

Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD), Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial han criticado duramente la reforma y la han tildado de "injustificable" y de "barbaridad", además de apuntar que su trámite se ha llevado a cabo "con nocturnidad y alevosía" con una entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por su parte, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha acusado a las fuerzas políticas y al Parlamento de comprometer la credibilidad e imparcialidad del Poder Judicial y cree que se han puesto por encima "complacencias personales" antes que los intereses generales. Se facilita con esta reforma, añaden, una "permeabilidad" entre el Poder Judicial y la actividad política.

Cuando los miembros de la carrera judicial cesen en el cargo con el que se encuentran en esa situación de servicios especiales, deben solicitar su reingreso en su puesto en un plazo máximo de 10 días; en 20 días tienen que reincorporarse, si no lo hacen, entonces sí pasarían a una excedencia. Por tanto, el regreso de un juez a su destino anterior después de actuar como político o en un cargo público es más que inmediato.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, esta norma, cuyos privilegios "no casan con la norma general" está impulsada "para colocar a ciertos ministros actuales en el caso de que vuelvan a la carrera judicial". El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, cita directamente a "un juez que es portavoz del PSOE en el Congreso o un secretario de Estado de Justicia", en alusión al diputado José Antonio Alonso y a Juan Carlos Campo.