Australia tiene más del 20% de las tragaperras del planeta y padece serios problemas de ludopatía, pero los clubes propietarios se resisten a aceptar controles gubernamentales para no perder los millonarios ingresos. Muchas organizaciones, como la de los ex veteranos de guerra o las de rugby australiano, se financian con estos aparatos de los que hay 198.300 repartidos por todo el país.

Los australianos se gastaron 18.639 millones de dólares (13.801 millones de euros) en juegos de azar el año fiscal que culminó en junio de 2009, lo que supone una media de 1.471 dólares (1.090 euros) por persona, según un informe de la Comisión de Productividad. A ello se suma unas 115.000 personas con problemas graves de adicción a los juegos de azar y otras 280.000 con "riesgos moderados". Con estos argumentos, el Ejecutivo de la primera ministra Julia Gillard quiere poner coto al gasto diario del jugador a partir del 2014.

La iniciativa es, además, un compromiso del partido gobernante con el diputado independiente Andrew Wilkie por su respaldo parlamentario. Las elecciones generales del año pasado acabaron con el partido laborista y el nacionalista empatados a escaños y el desempate se decidió con alianzas parlamentarias a favor del primero. El plan gubernamental es incorporar a las tragaperras un dispositivo que impide al cliente apostar más de lo que ha marcado al comienzo.

Wilkie desea que el cupo por hora se limite a 117 dólares (87,2 euros), en lugar de los 1.176 dólares (872 euros) que permiten las máquinas más modernas en la actualidad. Los clubes se quejan de que deberán gastar 2.954 dólares (2.182 euros) por máquina para adaptar los dispositivos y 24.622 dólares (18.190 euros) si tienen que comprar una nueva, a lo que se debe sumar los elevados costes de mantenimiento.

A este gasto inicial se debe añadir la merma de ganancias anuales, entre un 20 y 40% lo que representa entre 5,9 y 11,8 millones de dólares (4,4 y 8,7 millones de euros). La pérdida no es solo para los propietarios, sino también para los gobiernos estatales, como el de Nueva Gales del Sur, que contiene la mayor cantidad de tragaperras del país.

Si la medida prospera, los clubes vaticinan que la caída de sus ingresos afectará la financiación de sus equipos deportivos, así como sus diversas obras sociales y caritativas.

El académico Charles Livingstone, de la Universidad de Monash, defensor de la propuesta, recordó esta semana que los clubes aún tienen los multimillonarios ingresos por los "derechos de transmisión televisiva de los partidos". En el lado del juego, el presidente de Club Australia, Anthony Ball, aseguró que estos controles que propone el Gobierno "no ayudarán a combatir el problema del juego" y solo van a "devastar al fútbol" en todas sus categorías.

La adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar genera en Australia un gasto social anual de 4.605 millones de dólares (3.415 millones de euros), sin contar con la ruptura de parejas y familias.

La afección puede llevar hasta el suicidio y en ocasiones compromete el patrimonio familiar, como ha sido el caso que ha sacudido a los medios de comunicación de un hombre que robó a su suegra con Alzheimer 44.100 dólares (32.686 euros) para jugar en las tragaperras. Siete de cada diez australianos cree que los juegos de azar en general deben estar estrictamente regulados, aunque el 42% piensa que el Gobierno no tiene derecho a restringir las apuestas personales, de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Australiana de julio.

El Gobierno se ha mostrado determinado a combatir la ludopatía, pero no queda claro qué va a pasar con los juegos de póquer y los casinos por internet.