Funcionarios de la Junta de Andalucía acompañados por agentes de la Policía Autonómica han entregado sobre las 13,00 horas de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que se encarga del caso de las presuntas irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, todas las actas de los consejos de gobierno que habían sido reclamadas por la magistrada Mercedes Alaya en el marco de la investigación, según han informado a Europa Press fuentes judiciales y del Ejecutivo andaluz.

La entrega de las actas se produce un día después de que el propio Consejo de Gobierno de la Junta acordarse remitir dichas actas a la juez "levantando su carácter reservado de cara a la investigación" en cumplimiento de la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo (TS), que concluyó que las actas "son públicas y no tienen carácter reservado", por lo que no consideró "procedente la genérica negativa a la remisión de las actas solicitadas por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos".

Según explicó este martes en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, este acuerdo supone "remitir al Juzgado de Instrucción las actas levantando el carácter reservado de aquellas materias impropias reconocidas en la sentencia exclusivamente de cara a la investigación judicial", con lo que "se zanja este conflicto, ya que las actas se remiten al cien por cien, hasta la última coma de los contenidos de todos los acuerdos del periodo solicitado".

Las actas vuelven al juzgado por segunda vez

Se trata de la segunda vez que las actas de los consejos de gobierno reclamadas por la magistrada Mercedes Alaya llegan a los juzgados de Sevilla. La Junta las remitió por primera vez el pasado 7 de abril en 11 sobres lacrados y fueron depositados en un armario acorazado custodiado por la Guardia Civil a la espera de que el Supremo resolviera el conflicto de competencias planteado por la administración autonómica.

Con posterioridad, las actas volvieron al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, el pasado 11 de julio tras un auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que levantaba la medida cautelar establecida por la juez Mercedes Alaya sobre la custodia de dichos documentos.