El ministro español de Trabajo, Valeriano Gómez, admitió que falta coordinación entre la administración del Estado y las comunidades autónomas en la gestión de los servicios del desempleo, y consideró que éstas deberían prestar más atención a las políticas activas de vuelta al empleo.

Gómez consideró que el sistema español de gestión de las políticas de empleo, al que se ha transferido la gestión de las políticas activas a las autonomías, "es un modelo esencialmente válido", en una conferencia de prensa en París, donde participaba en la reunión de ministros de Empleo del G-20.

En respuesta a las críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la falta de coherencia de la acción del Estado y de las comunidades autónomas, indicó que "el problema es de una cierta anemia".

En concreto, destacó que los organismos públicos del desempleo están "todavía insuficientemente dotados", en particular si se los compara con los de otros países europeos, y citó los casos de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Pero reconoció: "También tenemos que mejorar la coordinación" entre la administración central y las autonómicas, y añadió que éstas deberían centrarse más en las políticas activas para la vuelta al mercado de trabajo y no limitarse en las ayudas a los parados que no están protegidos.

En cualquier caso, Gómez rechazó el término de "despilfarro" para definir los problemas de los organismos encargados de los servicios de desempleo.

"Despilfarro no es la palabra adecuada", sobre todo teniendo en cuenta que España es uno de los países del euro que menos dedica a esas acciones, argumentó antes de apostillar: "Tenemos que gastar más recursos en políticas activas".

El objetivo -concluyó- es "que podamos coordinar mejor la política de protección por desempleo con la política activa", y ahí es donde "las comunidades autónomas no pueden limitarse" a la primera.

Por otra parte, el ministro español dijo que ante sus socios del G-20 había explicado que España está "a favor del establecimiento de un suelo de protección social" en los países miembros, y que en este punto "tenemos mucho que avanzar sin imposiciones", "en primer lugar respetando las posiciones relativas de cada uno de ellos".

En ese contexto, se manifestó por dar pasos "progresivamente", y por tener en cuenta "la historia económica" de cada país, puesto que los procesos de avance social tienen sus peculiaridades y así ni siquiera en la Unión Europea existe un suelo de protección social común.

Gómez, en cualquier caso, estimó que "no hay crecimiento económico posible si no tiene una traducción en la mejora de las condiciones de vida" de la población.