La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los propietarios de viviendas con sentencia firme de demolición en la costa cántabra, ha llevado sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados.

Plasmadas en el documento con el título 'Ciudadanos, no súbditos ante las Administraciones Públicas', estas peticiones, basadas en su experiencia, recogen medidas como la dación de pago —la entrega de la vivienda para cancelar una hipoteca cuando no se puede hacer frente al coste— y un registro de bienes de los cargos públicos.

Facilitar la Iniciativa Legislativa Popular, eliminar las cláusulas abusivas sobre el suelo y la lucha contra la especulación son otras de sus propuestas, junto a las listas abiertas dentro de los partidos electorales o un registro de demandas, para conocer si una vivienda ha sido objeto de una denuncia.

El documento ha sido registrado en el Congreso de los Diputados y se ha trasladado a representantes de los partidos, entre ellos a la socialista Lucila Corral, vicepresidenta de la Comisión de Vivienda; además de al portavoz José Antonio Alonso y a Eduardo Madina; y a Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades del Partido Popular.

En general, AMA pide en el texto que las Administraciones actúen bajo la "cultura de la amabilidad" y la "atención adecuada" al ciudadano, para que estos no se sientan "súbditos" y no se encuentren con que "los teléfonos no comuniquen siempre porque los responsables políticos estén siempre reunidos"-.

Además, llaman la atención sobre las dificultades cuando se pleitea con la propia Administración y relatan al Congreso cómo sus reivindicaciones se han traducido en el Parlamento cántabro en dos leyes aprobadas por unanimidad para hacer frente a su problema.