Los municipios granadinos de Fonelas, Benalúa de Guadix y Purullena ha estado suministrando agua potable con restos de pesticidas durante aproximadamente un año debido a que pusieron en marcha sus nuevas potabilizadoras sin instalar unos filtros de carbono necesarios para su correcto funcionamiento. Esta situación se registró desde finales de 2009 a noviembre de 2010 y supuso la apertura de varios expedientes por parte de la Delegación Provincial de Salud por una infracción "grave" en el caso de Fonelas y Purullena, y una muy grave en el de Benalúa.

En este último municipio la Junta consideró que no había garantía de que el agua suministrada fuera apta para el consumo y por tanto se estaba "poniendo en riesgo grave la salud" de la población, mientras que se encontraron restos de fitosanitarios, con sustancias como terbutalina y manganeso, en las aguas de Purullena.

Según ha informado en rueda de prensa la vicepresidenta primera y diputada provincial de Fomento y Obras Públicas, Luisa García Chamorro (PP), los tres municipios han tenido que cortar el suministro y volver al consumo de agua de pozo hasta que se solucione la situación.

Para ello, han de instalarse en las tres depuradoras una serie de filtros de carbono que supondrán una inversión de 38.000 euros cada uno, ha señalado García Chamorro, que ha responsabilizado de esta situación al anterior equipo de gobierno en la Diputación, PSOE-IU, por entregar las potabilizadoras sin hacer los pertinentes análisis previos y por no avisar de la idoneidad de colocar los citados filtros antes de ponerlas en marcha.

"Nos preguntamos cómo es posible que el anterior equipo de gobierno invirtiera 3,5 millones de euros en estas potabilizadoras y arriesgara la salud de los vecinos por una inversión de 120.000 euros", ha clamado la diputada provincial en referencia al dinero que supone colocar los filtros de carbono en las tres máquinas.

"Si hubieran continuado tomando ese agua sin esos filtros, habríamos tenido serios problemas en esos tres municipios", ha dicho García Chamorro, a cuyo juicio esta situación es fruto de las "prisas" del anterior equipo de gobierno en la Diputación por inaugurar instalaciones y por primar "los intereses electorales" en vez de seguir el procedimiento legal.