El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes, en su habitual reunión semanal, remitir al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, todas las actas de los consejos de gobierno que habían sido reclamadas por la magistrada Mercedes Alaya "levantando su carácter reservado de cara a la investigación".

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, este acuerdo viene a ejecutar la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, que concluyó que las actas de las reuniones del Consejo "son públicas y no tienen carácter reservado", por lo que no consideró "procedente la genérica negativa a la remisión de las actas solicitadas por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos".

Moreno ha detallado que dicho acuerdo supone "remitir al Juzgado de Instrucción las actas levantando el carácter reservado de aquellas materias impropias reconocidas en la sentencia exclusivamente de cara a la investigación judicial" y ha subrayado que, "con la entrega de las actas al juzgado se zanja este conflicto, ya que las actas se remiten al cien por cien, hasta la última coma de los contenidos de todos los acuerdos del periodo solicitado".

"El Gobierno ha entendido que queremos remitir al cien por cien de las actas, que no falte ni una coma de las mismas y, para eso, hemos adoptado hoy un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales y para levantar ese carácter reservado de la parte impropia de las actas", ha señalado.

A partir de ahí, según ha agregado, las actas se están terminando de diligenciar y, por lo tanto, el objetivo es remitirlas al juzgado con "carácter inmediato".