La Generalitat catalana pondrá en alquiler hasta abril 3.264 viviendas públicas actualmente vacías, en un proceso para acelerar la adjudicación de pisos protegidos que el anterior Govern tenía desocupados, y que equivalen al 23% del total de 13.000 viviendas del parque público catalán, ha explicado el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder.

En rueda de prensa en una vivienda vacía en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, Recoder ha anunciado este plan de choque para dar respuesta al "problema gravísimo" de algunas familias, que corren riesgo de exclusión residencial por no poder acceder a una vivienda en el mercado libre. El plan consiste en realizar un calendario intensivo de convocatorias (unas 30 al mes), en mejorar la coordinación con los ayuntamientos y la información a los posibles interesados, en reconvertir parque público de venta en alquiler con opción a compra, y en ajustar los precios de alquiler al contexto actual, para evitar que algunas rentas públicas queden por encima de los precios de mercado y facilitar el acceso a los ciudadanos con menos recursos.

Sobre este último punto, Recoder ha ejemplificado que para el piso en el que ha esbozado el plan, de 53 metros cuadrados, la Generalitat ha fijado un alquiler de 100 euros mensuales, frente a los 260 estipulados hasta ahora, y que algunos posibles beneficiarios no podían asumir.

El conseller ha criticado que el informe de gestión del parque público catalán de 2010 registraba 1.552 pisos vacíos, pero que la situación real es que hay los 3.264 que se han incluido en el plan de choque, el 23% del total. Algunos constaban como 'en proceso de adjudicación' desde hacía seis años, ha señalado el secretario de Vivienda, Carles Sala.

Ahora, la Generalitat quiere que los pisos vacíos se conviertan en 700 en pocos meses, el 5% del total, y que se correspondan con incidencias a resolver antes de poder adjudicarse, y no a la "gestión ineficaz" del anterior Govern, ha expuesto Recoder. El conseller también ha hecho referencia a una inadecuada planificación de emplazamientos en el pasado, con viviendas ubicadas donde no hay demanda, y ha hecho hincapié en que sorprende el elevado número de pisos públicos vacíos "de quien hizo bandera de la expropiación de pisos (privados) vacíos" para alquilarlos.

Actualmente hay 45.000 familias inscritas en el Registro catalán de solicitantes de vivienda protegida, lo que equivale a unas 90.000 personas, aunque el Govern ha puntualizado que en esta cifra figuran solicitantes que ya no buscan vivienda porque sus necesidades han cambiado. Las viviendas vacías que se sortearán para poner en alquiler en los próximos meses están repartidas por toda Cataluña, pero la mayoría están en Barcelona y su entorno (1.534), Catalunya central (480) y Girona (460).

Les siguen Tarragona (278), Lleida (236), Terres de l'Ebre (210) y Alt Pirineu i Aran (66). Por municipios, destacan Barcelona (289), L'Hospitalet de Llobregat (283) y Lleida (130). Algunas necesitarán reparaciones para solventar desperfectos derivados del desuso y algunas están okupadas, pero según la Generalitat, no se trata de cifras significativas.