Los sindicatos han reaccionado al anuncio de la Xunta de recortar 120 liberados sindicales en la administración gallega con opiniones diversas y, mientras la CIG ha considerado la decisión "solo propagandística y ha acusado al Gobierno gallego de "mentir" al decir que producirá un ahorro de 4 millones; CSI-CSIF ha criticado que "está cayendo todo sobre los empleados públicos" y CC.OO. ha considerado que el PP está desarrollando un "ataque" tanto a los liberados como a las propias organizaciones de trabajadores.

El recorte aplicado no fue pactado con todas las organizaciones sindicales, como ha admitido el propio conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Así, CIG ha indicado que "en algún caso estaba pactado", por ejemplo en el ámbito sanitario, y CSI-CSIF ha señalado que en justicia el acuerdo no está cerrado y en educación no hay pacto.

"CC.OO. no firmó ningún acuerdo", ha replicado, en representación de esta organización el responsable de la Federación de Servizos á Cidadanía, Ramiro Otero, quien ha reclamado "una mesa global" para negociar las condiciones en toda la administración "con luz y taquígrafos". Por su parte, UGT ha preferido no pronunciarse, por el momento, sobre esta reducción de liberados sindicales.

Así, CC.OO. ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que la actitud de la Xunta hace "seguidismo" del PP y constituye "una ataque frontal" a los sindicatos y a los liberados sindicales, a los que atribuyen, según Otero, "la culpa de la crisis". Además, ha dicho no estar de acuerdo con las palabras de Rueda y ha considerado que "no dice la verdad".

"No estamos en contra de negociar una acuerdo global dentro del estatuto del empleado público", ha puntualizado, pero ha agregado que en función pública los representantes de CC.OO. están "convencidos" de que están "por debajo de los que correspondería —en número de liberados sindicales—", puesto que hubo mesas que no llegaron a constituirse. En cualquier caso, ha indicado que está a la espera de que la Xunta envíe una propuesta por escrito.

Por su parte, tanto el representante de la CIG, Fernando García, como el presidente de CSI-CSIF en Galicia, José Francisco Méndez, han indicado que la próxima semana se comenzará a negociar, previsiblemente, la reducción de liberados sindicales correspondiente a personal funcionario y laboral de la administración general —los 120 puestos suprimidos son de sanidad, educación y justicia—.

"No tenemos ningún miedo a una reducción, estamos dispuestos a pactar, ya que estamos en tiempo de crisis, si ellos —los responsables del Gobierno gallego— se comprometen a reducir gastos duplicados en la Xunta", ha dicho Fernando García, quien ha señalado a continuación que estas medidas "no tienen efectividad contra el déficit y solo son propagandísticas".

Reducir las mesas de negociación

"El dato de los 4 millones de euros es falso. No había gasto duplicado por que hubiese un sustituto de esos liberados", ha expuesto y ha avanzado que cree que la propuesta de la Xunta para administración general será reducir el número de integrantes de las mesas de negociación de 15 a nueve, con lo que también cae el número de liberados. En esta área hay menos de 60 liberados, ha estimado García, que ha calculado que la rebaja rondaría la veintena.

Por su parte, José Francisco Méndez ha explicado que la negociación comenzó en junio y que el acuerdo para recortar liberados sindicales en sanidad se cerró hace tres semanas. "Entendemos que como representantes de los trabajadores nos tenemos que adaptar a tiempos difíciles, pero está cayendo todo sobre los empleados públicos", ha defendido.

Un "bipartito" en el gobierno

Además, ha afirmado que en el seno de la Xunta hay "un bipartito" porque los recortes recaen en departamentos con gran cantidad de empleados públicos, mientras que la administración "financia a las organizaciones empresariales con cantidades ingentes de dinero".

En cualquier caso, ha insistido en que CSI-CSIF tiene "voluntad de diálogo" con el Gobierno gallego si este demuestra también intención de alcanzar acuerdos.