El fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, ha pedido que inspectores de la Consejería de Obras Públicas realicen una pericial en el juicio del caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), sobre la normativa urbanística aplicable y si las licencias investigadas se adecuaron a éstas. Alternativamente, en caso de no acordarse, ha instado a la nulidad del juicio y a que se devuelva la causa al juzgado instructor y se le dé traslado de los escritos para que pueda informarse.

El representante de la acusación pública ha alegado "indefensión" ante el Tribunal de la Sección Octava, encargado de este juicio, al apuntar que la Fiscalía "no ha tenido conocimiento" de determinados informes periciales "porque no se han notificado". De hecho, ha señalado que a principios de mes observó que "hay siete tomos más de los que el ministerio fiscal tenía cuando realizó el escrito de acusación".

Ha dicho que se solicita la pericia "a la vista de lo que han hecho las defensas tres años después de haberse iniciado la instrucción" y para determinar "si las licencias han sido o no adecuadas a la normativa vigente" y "si los acusados sabían cual era la norma real y si actuaban según ésta". "Estamos hablando de intención", ha indicado y ha insistido en que la adecuación de las licencias y la intención de los acusados "nos puede llevar a determinar si hay delito, o no".

A este respecto, ha asegurado que en su caso la Fiscalía "retirará la acusación sin el más mínimo problema" y ha puntualizado que si las defensas "hubieran discutido antes" las normas urbanísticas vigentes "a lo mejor no estábamos aquí o al menos no con todos los delitos, porque podría ocurrir que la prevaricación urbanística no existiese o puede ocurrir que no exista el cohecho".

Ha defendido que la acusación pública "sólo busca averiguar la verdad" y traer "todos los elementos que nos ayuden a conocer la realidad", ha apostillado, al tiempo que ha indicado que para que ese informe pericial se hubiera presentado por escrito "se tendría que haber pedido la suspensión del procedimiento", justificando así su petición en el acto del juicio oral.

Las defensas han considerado esta prueba "extemporánea" y que "no es necesaria", apuntando algunos letrados que, en todo caso, estos peritos deberán realizar un informe por escrito, advirtiendo que no podrá ser un informe para contradecir de otros que ya existen en la causa aportados por las defensas.

En este sentido, la letrada de varios de los procesados, Cecilia Pérez Raya, ha señalado que no ha habido ningún peritaje por parte del fiscal y que "se puede contradecir lo que existe, pero no lo que no existe", apuntando que según informes periciales aportados hasta 2010 no estaba en vigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Otras alegaciones

Por otra parte, el representante de la acusación pública ha hecho cuatro modificaciones en su escrito, sustituyendo la palabra "abona" por "pactó". Ha dicho que "se ha dejado en cinco casos aquellos en los que se ha producido el pago concreto" y ha explicado que estos cambios no tienen trascendencia penal, porque el Código Penal "castiga tanto al que solicita como al que recibe, tanto al que paga como al que ofrece". Además, el representante del ministerio público ha pedido que declare el secretario municipal.

Por otro lado, las defensas también han planteado la falta de concreción del escrito de acusación. Así, el letrado Carlos Larrañaga, que representa al alcalde, ha indicado que "a día de hoy no sabemos de qué se me está imputando" dentro de los 11 hechos que relata el ministerio público, solicitando la suspensión para que el fiscal rehiciera el escrito o la devolución de la causa a instrucción.

Sobre esta "inconcreción" también se han manifestado otras defensas, quienes han hablado de "indefensión", como Pérez Raya, quien ha puesto de manifiesto la "ambigüedad" de este escrito, apuntando que "hoy sabemos el por qué, porque el ministerio fiscal no sabía qué norma era aplicable", algo que estima "inadmisible".

Al respecto, la ministerio fiscal ha respondido que una cosa es la indefinición y otra indefensión, que en su opinión no ha habido, leyendo partes del escrito acusatorio en las que se dice que en dicho Ayuntamiento desde 2002 "ha venido funcionando una trama" y que el alcalde "va a permitir la conducta delictiva". "Se podrá decir que no les gusta la redacción, pero no me presento al premio Nadal", ha ironizado, añadiendo que "hago un escrito de acusación para expertos en derecho".

"Venimos a poner de manifiesto una serie de indicios que unidos nos lleva a entender que puede existir un delito", ha dicho Calvo-Rubio, quien ha explicado que "decimos que hay una situación en la que en un Ayuntamiento se produce la concesión de licencias con una edificabilidad superior a la permitida a cambio de dinero", indicando que será el Tribunal el que tendrá que determinar si es cierto o no. GRABACIONES

Las defensas han pedido también que se anulen determinadas grabaciones que constan en la causa, al considerar la defensa del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, que se autorizaron "sin más constatación de la veracidad" de las manifestaciones de un testigo protegido. Sólo a partir de estas escuchas, según el letrado Pedro Apalategui, se ordenaron registros de domicilios y despachos del alcalde y el edil, que, por tanto, entiende también se deben anular.

Al respecto, el fiscal ha defendido la instrucción, que ha estado dirigida judicialmente desde el principio, instando a "dejar de lado los juicios políticos", ya que, ha dicho, "no creo que nadie ponga en duda que los procesos políticos en nuestro país hace muchos años que desaparecieron y con la Constitución en la mano sólo tenemos procedimientos judiciales".

Tras plantear el ministerio fiscal y todas las defensas sus correspondientes alegaciones, el Tribunal ha decidido aplazar la continuación del juicio hasta el próximo viernes, día 30, y ha expresado que deliberará sobre las alegaciones presentadas resolviendo sobre las mismas por escrito.

A su llegada a los juzgados de la capital, el alcalde de Alhaurín el Grande ha dicho que están "muy contentos" de que "se acabe esta infamia que han cometido contra nosotros". "Somos gente inocente y gente honrada que hemos estado sufriendo una persecución total, una instrucción desastrosa. Nunca debieron detenernos, imputarnos, nunca debieron registrar nuestras casas y son ya casi cinco años con esta pesadilla", ha apuntado, insistiendo en que están "contentos de que por fin estemos ante un Tribunal independiente, profesional y capacitado para acabar con esta gran mentira".