El fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo Rubio, ha pedido que inspectores de la Consejería de Obras Públicas realicen una pericial en el juicio del caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), sobre la normativa urbanística aplicable y si las licencias se adecuaron a éstas. Alternativamente, en caso de no acordarse, ha indicado que se devuelva el procedimiento al juzgado instructor y se le dé traslado de todos los escritos para que pueda informarse.

El representante de la acusación pública ha explicado que puede haber indefensión en el ministerio fiscal porque "no ha tenido conocimiento" de determinados informes periciales "porque no se han notificado", por lo que inicialmente solicita esa nueva pericia "a la vista de lo que han hecho las defensas tres años después de haberse iniciado la instrucción" y para determinar si las licencias han sido o no adecuadas a la normativa vigente" y "si los acusados sabían la norma".

Ha destacado que la petición alternativa se realiza ante las alegaciones de las defensas, que han mostrado su postura contraria a la prueba, la cual han considerado, en algunos casos, "innecesaria y extemporánea", considerando algunos letrados que, en todo caso, estos peritos deberán realizar un informe por escrito, advirtiendo que no podrá ser un informe contradictorio de otros que ya existen en la causa aportados por las defensas.

Por otro lado, las defensas también han planteado la falta de concreción del escrito de acusación. Así, el letrado Carlos Larrañaga, que representa al alcalde, ha indicado que "a día de hoy no sabemos de qué se me está imputando" dentro de los 11 hechos que relata el ministerio público, solicitando la suspensión para que el fiscal rehiciera el escrito. Al respecto, el fiscal ha respondido que una cosa es la indefinición y otra indefensión, que a su entender no se ha producido.

También han pedido que se anulen determinadas grabaciones que constan en la causa, al considerar la defensa del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, que se autorizaron "sin más constatación de la veracidad" de las manifestaciones de un particular, considerado testigo protegido. Sólo a partir de estas escuchas, según el letrado Pedro Apalategui, se ordenaron registros de domicilios y despachos del alcalde y el edil, que, por tanto, entiende también se deben anular.

Tras plantear el Ministerio Fiscal y todas las defensas sus correspondientes alegaciones, el Tribunal ha decidido aplazar la continuación del juicio hasta el próximo viernes, día 30, y ha expresado que deliberará sobre las alegaciones presentadas resolviendo sobre las mismas por escrito.