El PP ha presentado una comunicación para su debate y aprobación en la décima asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias en la que exige un compromiso de "austeridad y disciplina" a los ayuntamientos y al Gobierno, que apruebe un aplazamiento durante diez años de la devolución de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009 y "lealtad institucional".

Concretamente, el PP insta a los ayuntamientos a aprobar un 'Plan Estratégico de Racionalización del Gasto' a cuatro años, que contemple, entre otras cosas, la disminución de los gastos de representación y publicidad, la reducción del número de coches, la racionalización del uso de teléfonos móviles, un plan de ahorro energético y una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de las administraciones públicas.

Portal de transparencia

También les exige un compromiso con "la transparencia y el buen gobierno", que se traduzca en medidas como el desarrollo de un 'portal de transparencia' que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a la información sobre las administraciones públicas en relación con la remuneración de los cargos, la ejecución de los presupuestos y todos los expedientes de contratación y subvención.

En la iniciativa, los 'populares' consideran "plenamente responsable" de los problemas económicos de los consistorios españoles al Gobierno, al que le exigen también modificar la Ley de Haciendas Locales y la financiación autonómica, un mensaje que, puesto que termina la legislatura, quedará para el Ejecutivo elegido el 20-N.

Igualmente, reclaman al Gobierno "modernizar" el papel de las Diputaciones Provinciales, creando una 'Carta provincial de servicios', especialmente en su función de asistencia y cooperación con los municipios pequeños y medianos.

Los alcaldes catalanes piden una compensación por las liquidaciones

Por su parte, la Federación de Municipios de Cataluña ha presentado una propuesta en la que destacada que la situación económica y financiera de los municipios de la región es "más que preocupante", agravada por la obligación de ofrecer servicios que competencialmente no les corresponden y por la reclamación de la devolución al Estado de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009.

Por eso, reclama al Gobierno que en los presupuestos generales del Estado para el año 2012 se contemple, dentro de la partida del fondo municipal, un nuevo apartado económico con el fin de compensar el importe que tienen que devolver las entidades locales. Aunque se trata de una medida a "corto plazo", piden que se aplique de manera consecutiva durante los siguientes cuatro años.

También reclaman al Gobierno y a los grupos parlamentarios la tramitación y aprobación de la Ley de Haciendas Locales y que, en su ausencia, el Gobierno disponga las medidas legislativas y/o presupuestarias necesarias para garantizar la viabilidad financiera de las corporaciones locales.