El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, mantiene su voluntad de abrir el aeródromo de Caudé, en Teruel, para el tratamiento de aeronaves. La multinacional Tarmac tiene hasta el 31 de marzo para firmar el contrato de gestión, que el Departamento "ya ha firmado".

Alarcón ha comparecido este miércoles en Comisión de las Cortes de Aragón, donde ha explicado el estado del proceso de adjudicación de la gestión del aeródromo, después de que el 6 de septiembre el Gobierno emitiera una nota informando del "impedimento legal" surgido tras exigir la empresa Tarmac la firma de una addenda al contrato.

Esta addenda fue negociada por el anterior consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente, y conllevaba un gasto de cuatro millones de euros para el Ejecutivo con el fin de acondicionar la zona de estacionamiento de las aeronaves para evitar daños ambientales. El contrato se abortó al plantear Tarmac la addenda a Alarcón el día de la firma del contrato. REUNIÓN

Cuando Fernández de Alarcón fue designado consejero no conocía este dato, que no era público, sino que tuvo conocimiento más adelante. A mediados de agosto los representantes de Tarmac tuvieron una reunión con el consejero, quienes le plantearon la necesidad de acometer estas obras, a lo que el consejero respondió que respetaba "todos los compromisos conocidos del consejero anterior". En esa fecha ya conocía el acuerdo.

El 18 de agosto los representantes de Tarmac visitaron el aeródromo y se les notificó que disponían de 10 días para firmar. Posteriormente solicitaron una prórroga de este plazo, que se autorizó hasta el 5 de septiembre.

Ese día "volvieron a mi despacho" y el contrato estaba preparado, pero los representantes de Tarmac "insistieron en que no podían firmar si no se firmaba de nuevo el acuerdo —alcanzado— con el anterior consejero", aunque mantenían sus compromisos.

"No era el momento" para que el Gobierno se comprometiera a financiar el acondicionamiento de la zona de estacionamiento, ha opinado Alarcón, quien ha agregado que "no tenía los informes necesarios y no era necesario firmar ese día".

"Yo dejé firmado el contrato en septiembre y sigue firmado" a falta de que Tarmac lo firme, ha dicho el consejero, quien ha indicado que "esta era la mejor oferta que había", la de Tarmac y también lo habría sido con el "condicionante" de la addenda, que debería haberse planteado en la mesa de contratación porque hubiera permitido recortar tiempos.

"La firma sigue siendo posible", ha opinado el consejero, quien ha recalcado que la firma el 5 de septiembre "no se ajustaba a la legislación vigente" y era "extemporánea".

A esto ha añadido que "la voluntad del Gobierno de Aragón es poner en marcha esta infraestructura y conseguir un número de puestos de trabajo importante", 177 al cabo de cinco años.

"Es obligación de un Gobierno respetar los compromisos del anterior" equipo, ha expresado Rafael Fernández de Alarcón, quien ha confesado que "a veces es una obligación muy penosa".

De los 177 empleos prometidos, Tarmac contratará directamente a 92 personas y el consorcio que dirige el aeródromo a otras 14. Si el valor añadido bruto por cada trabajador es de 44.642 euros, los empleos que generará Tarmac serán de 4,1 millones. "La valoración del impacto puede ser positiva", ha dicho el consejero, quien ha recordado que Airbus participa en Tarmac, por lo que "puede ser conveniente" mantener los acuerdos. GRUPOS

El popular Javier Campoy ha criticado al Gobierno anterior al afirmar que primero se diseñó y construyó el aeródromo "sin tener claro su uso y explotación" y después el Ejecutivo de Marcelino Iglesias no encontró una empresa para explotarlo.

"El PP ya temía un fiasco económico, como así resultó ser", ha indicado Campoy quien ha urgido a actuar con "racionalidad" en el gasto público.

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha afirmado que "merece la pena seguir apostando" por esta actuación y ha rehusado ponerse "las vendas antes de la herida". En proyectos como el de Caudé es preciso que haya "una buena dosis de voluntad y el cumplimiento estricto de las normas", ha dicho.

El parlamentario del PSOE, José Ramón Ibáñez, ha calificado "lamentable" la gestión de Alarcón en esta materia y le ha espetado que "están poniendo en riesgo un proyecto estratégico para Teruel".

Ibáñez ha negado —a IU— que Caudé haya costado 65 millones, sino 39 "sin IVA" porque el coste de este impuesto ya se ha recuperado. "Lo que hay que hacer es firmar para evitar que se nos vaya de Aragón" la empresa, ha apuntado.

El diputado de IU, Miguel Aso, ha dicho que se invirtieron 65 millones de euros para crear 170 puestos de trabajo, cantidad que a razón de 1.000 euros mensuales, sumando el coste de la Seguridad Social, daría para contratar a 386 trabajadores en Teruel durante 10 años.

El aeródromo de Caudé "es un despropósito aeroportuario, como fue el de Huesca en su momento", ha aseverado Aso, quien hubiera preferido "potenciar el que ya teníamos", el de Zaragoza "en lugar de abrir vías" en Huesca y Teruel. "El problema obedece a la colaboración público-privada".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha preguntado "si el procedimiento —de la addenda— es lícito" y "qué podría ocurrir", tras lo que dicho que es preciso que "cada uno asuma la responsabilidad que le toca".

Tras una inversión millonaria "no se puede dejar pasar la oportunidad de que tenga viabilidad" este proyecto, ha dicho Gregorio Briz.