Todos estos delitos fueron cometidos a raíz de la detención de dos militantes del PP que acudieron a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el 22 de enero de 2005.
La sentencia ha sido comunicada por el presidente de la sección 16 de la Audiencia de Madrid, Manuel Hidalgo, al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información (R.R.), a un inspector jefe (J.F.) y a otro inspector (J.L.G.).
Al comisario jefe, el tribunal le ha impuesto una pena de 3 años de prisión y multa de 6 meses (1.080 euros) por falsificación, 2 años de prisión por detención ilegal y otra multa de 6 meses por coacciones.
En cuanto al inspector jefe, la Audiencia le condena a 3 años y multa de 6 meses por falsificación y a otros 2 años de prisión por detención ilegal, mientras que al inspector se le imponen 3 años de cárcel y 6 meses de multa por falsificación.
Los 12.000 euros de multa, para la AVT
A los dos primeros, la Audiencia les ha sancionado además con el pago de una indemnización de 12.000 euros para cada uno de los dos militantes del PP y que serán satisfechas a la AVT, según se indica en la sentencia.
R.R. aseguró que tanto él como sus subordinados se encuentran "totalmente hundidos" por el fallo judicial.
"Nos consideramos inocentes", dijo R.R., quien añadió que su único delito ha sido trabajar, y anunció que los tres policías recurrirán ante el Tribunal Supremo esta sentencia.
Una agresión que no fue tal
Durante la citada manifestación de la AVT, el entonces ministro de Defensa, José Bono, fue increpado por una parte de los manifestantes, por lo que tuvo que abandonar la protesta.También indicó que había sido agredido (acusación que matizó después), y la policía identificó a dos militantes del Partido Popular
Poco después, eran puestos en libertad sin cargos, y rápidamente el PP acusó a la Delegación del Gobierno en Madrid de haber hecho uso de las fuerzas de seguridad para practicar "detenciones políticas".
El 12 de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid consideraba que estos hechos podían ser constitutivos de delito, y anunciaba que habría juicio contra los tres policías implicados en las detenciones.
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