Siete miembros de la comisión italiana de Grandes Riesgos -seis científicos y un ex funcionario del Gobierno- se enfrentan a una pena de 15 años de cárcel si son declarados culpables en el juicio que, desde el martes, tiene lugar para determinar su posible comisión de un delito de homicidio voluntario tras el terremoto de 2009 en L'Aquila, que tuvo una magnitud de 5,8 grados en la escala de Richter.

Los científicos se reunieron seis días antes del seísmo de Los Abruzos (centro de Italia), registrado el 6 de abril de 2009, y no alertaron a la población de ningún peligro inminente a pesar de los temblores que se habían producido en la zona durante varios meses; es más, lanzaron un mensaje tranquilizador, según Euronews . En el terremoto, que devastó pueblos enteros, murieron más de 300 personas.

La Fiscalía les acusa de "realizar una evaluación del peligro sísmico totalmente aproximada, genérica e ineficaz en relación a la actividad de la comisión y a los deberes de prevención y precisión del riesgo sísmico". En la investigación previa al juicio han participado algunos vecinos de la capital de la región de Los Abruzos, que han ofrecido su testimonio.

Una treintena de ciudadanos fue la que denunció que la Comisión de Grandes Riesgos se reunió el 31 de marzo de 2009 y después no advirtió a la población. Los acusados son el presidente de la Comisión de Altos Riesgos, Franco Barberi; el subdirector del sector técnico del departamento de la Protección Civil, Bernardo De Bernardinis y el entonces presidente del Instituto nacional de Geofísica y Vulcanología, Enzo Boschi.

También están inculpados el director del Centro Nacional Terremotos, Giulio Selvaggi; el director del Centro Europeo para la Formación y la Investigación de la Ingeniería Sísmica (Eucentre), Gian Michele Calvi; el profesor de Física de la Universidad de Génova, Claudio Eva, y el director de la Oficina de Riesgo Sísmico de la Protección civil, Mauro Dolce.