La Fiscalía Superior de Cantabria advierte de los problemas que se están dando para la ejecución de las penas que, en lugar de medidas de prisión, condenan a los procesados a trabajos en beneficio de la comunidad.

En el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria este tipo de expedientes han pasado de los 5.625 del año 2009 hasta los 6.093 de 2010, según detalla la memoria del año pasado de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Fiscalía vincula este incremento con las nuevas penas para los delitos relacionados con el tráfico, y describe algunos de los problemas que se están encontrando en su aplicación y que han llevado al Juzgado de Vigilancia Penitencia a estar "prácticamente desbordado".

Así, el Ministerio Fiscal, explica que la rapidez en la prescripción de estas penas, de 30 días, lleva en ocasiones a problemas como la falta de localización o de comparecencia del condenado para la realización del Plan de Ejecución. Esto puede llegar a suponer que se revoque la pena de sustitución.

En general, se está detectando que "resulta muy lenta y difícil de cumplir" esta pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y eso a pesar de los convenios con varios ayuntamientos y el "importante esfuerzo" de Instituciones Penitenciarias.

Pero cuando el número de días es inferior a los 30, se empieza a dar un "pequeño" porcentaje de penas con riesgo de prescripción, problema que se añade a la falta de dotación de las plazas para cumplir estas penas.

El Ministerio Público precisa que existe un "elevado" grado y rapidez de cumplimiento de estos trabajos, y valora que en 2010 se logró la "completa erradicación" del criterio de intentar ejecutar de nuevo los trabajos pese a haberse declarado su incumplimiento involuntario en las penas no sustitutivas.

En ella, el Ministerio Público cree que este aumento es un "probable reflejo" de la reforma del Código Penal que entró en vigor en 2008 en lo relacionado con los delitos de conducción sin permiso.

Este cambio "multiplicó" el número de penas impuestas en base a esta normativa, pero se prevé su "drástico" descenso ante una reforma del Código Penal, que se introdujo en mayo de 2010 y que estableció que esa no fuera la pena que se fijara para todos los casos.

Por su parte, los cursos de reeducación vial están funcionando "bien", aunque las autoescuelas han transmitido las quejas de los condenados porque nadie les informa de la obligatoriedad y coste del curso.

También se advierte del fenómeno "llamativo" de la existencia de un "alto número" de menores que conducen, sobre todo ciclomotores, sin haber obtenido la licencia o el permiso, una tendencia que se viene dando desde los últimos tres años.