La juez imputa a toda la junta directiva del sindicato de los controladores por el caos aéreo

  • Las bajas masivas de los controladores aéreos del 4 de diciembre de 2010 dejaron en tierra a unas 330.000 personas.
  • Para el abogado de la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo demuestra que "todo fue un plan pensado".
Imagen de varios pasajeros afectados por el caos aéreo en Barajas.
Imagen de varios pasajeros afectados por el caos aéreo en Barajas.
JORGE PARÍS
Imagen de varios pasajeros afectados por el caos aéreo en Barajas.

La juez que investiga el supuesto abandono de puesto de trabajo por parte de varios controladores aéreos el pasado mes de diciembre ha acordado citar como imputados a todos los miembros de la junta directiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA).

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, ha aceptado la petición hecha por la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo.

Luis Vericat, letrado de dicha asociación, ha destacado que se trata de "una muy buena noticia" porque confirma lo que han denunciado desde el principio, es decir, que a su entender todo fue "un plan pensado y organizado por los dirigentes del sindicato".

USCA convocó a sus afiliados la noche del 2 de diciembre mediante mensajes de SMS para distintas asambleas que se celebraron la mañana del 3 de diciembre, pocas horas antes de que más de 400 controladores de toda España abandonaran injustificadamente su puesto de trabajo, ha resaltado Vericat, del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

Unos 330.000 usuarios afectados

El caos resultante dejó en tierra a cientos de usuarios de las líneas aéreas durante el puente de la Constitución. La presentación de "bajas masivas" por parte de los controladores aéreos obligó a cerrar todo el espacio aéreo español salvo Andalucía, donde también hubo vuelos afectados, según informaron fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que cifraron en más de 2.000 los vuelos y 330.000 personas el número de afectados.

El Consejo de Ministros aprobó entonces un decreto por el que declaraba el estado de alarma, "de acuerdo con lo establecido en la Constitución", por el que los controladores que no acudieran a su puesto de trabajo incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal Militar.

Vericat ha destacado que en cuanto se estableció dicho estado todos los controladores se incorporaron a su puesto de trabajo y recuperaron "curiosamente y milagrosamente la capacidad psicofísica que habían perdido horas antes".

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