El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha propuesto al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la posibilidad de alcanzar "un gran acuerdo presupuestario" con el objetivo de conseguir "enterrar el hacha de los recortes" en la comunidad autónoma andaluza y de dotar "de una cara social y de un compromiso social" a los presupuestos de 2012.

En rueda de prensa, Valderas ha explicado que los elementos centrales de dicho pacto se basan en blindar las políticas sociales; abrir paso a un plan cuatrienal para crear 125.000 empleo en 2012, con el objetivo de 500.000 en los próximos cuatro años; la puesta en marcha de un plan de rescate a los ayuntamientos; y una política fiscal valiente para mejorar las cuentas públicas en Andalucía.

Otros de los ejes de este acuerdo serían un apoyo firme a la economía social; el pago mediante solares de la deuda que Andalucía tiene contraída en materia de déficit con el Estado; y el compromiso de que el pago de la deuda que el Gobierno central tiene con Andalucía por las inversiones "pase de ser un farol a concretarse urgentemente".

Impuesto de patrimonio

En relación al Impuesto de Patrimonio, el líder de IULV-CA ha indicado que Andalucía ha perdido en cuatro años 700 millones de euros por la eliminación de este impuesto, lo que, en su opinión, supone "un gran error" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"No se pueden lavar ahora la cara con un sucedáneo de Impuesto de Patrimonio que, prácticamente no trae nada nuevo a Andalucía", ha afirmado Valderas, quien ha precisado que "se reduce en más de un 50 ciento y solo se aplica a 150.000 familias en el contexto nacional".

Finalmente, ha dicho que Andalucía puede recuperar más de 1.500 millones anuales a través de una política fiscal más valiente, lo que supondría un Impuesto de Patrimonio "que recupere la fortaleza del de hace cuatro años"; un impuesto a las más de 600.000 viviendas deshabitadas en Andalucía; recuperar los impuestos medioambientales; dotar de mayor progresividad al Impuesto del IRPF; e impulsar una lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.