El 6,8 por ciento de las reclamaciones presentadas en 2010 por interferencias radioeléctricas proceden de la Comunidad Autónoma de Canarias, según un informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) que analiza las interferencias radioeléctricas que han afectado a los diferentes servicios de radiocomunicación el pasado año.

Estas reclamaciones por interferencias han sido presentadas tanto por organismos internacionales, como por organismos oficiales, por empresas privadas y por los usuarios finales de los sistemas de telecomunicación.

El informe señala que algunas comunidades autónomas, principalmente las más extensas y con una mayor densidad de población, a lo que habría que añadir la incidencia de otros factores como el turismo, destacan sobre las demás por el elevado número de reclamaciones presentadas. Es el caso de Madrid (23,2 por ciento), Cataluña (13,9 por ciento), Andalucía (10,3 por ciento), Comunidad Valenciana (7,3 por ciento) y Canarias (6,8 por ciento).

En total, durante el año 2010 se presentaron en la SETSI 807 reclamaciones por interferencias que han afectado a los diversos servicios de radiocomunicaciones, cifra algo inferior, concretamente un 9,4 por ciento, a la registrada durante el año 2009 que fue de 891 reclamaciones.

Destacan por su cuantía las interferencias reclamadas en tres comunidades costeras del Mediterráneo Cataluña (Tarragona, Barcelona y Gerona), Comunidad Valenciana (Castellón, Valencia y Alicante) y Andalucía (Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva) así como en Canarias. Las causas pueden deberse a los fenómenos de propagación esporádica por trayecto marítimo en algunas bandas de frecuencia.

Analizando el conjunto de servicios de radiodifusión se observa una disminución de un 25 por ciento respecto al año 2009, mientras en el resto de servicios de radiocomunicaciones, es decir todos los demás excepto el servicio de radiodifusión, se ha presentado un número de reclamaciones similar al de del año 2009, sólo un 0,35 por ciento inferior.

La mayor parte de las reclamaciones las presentaron directamente las empresas y los usuarios de los servicios de radiocomunicación afectados, un 91,75 por ciento. Del resto lo hicieron organismos oficiales, un 5,58 por ciento, y una pequeña parte organismos extranjeros, un 2,85 por ciento, haciendo valer los compromisos internacionales adquiridos por la Administración española.