El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos (Málaga) ha acordado remitir para su enjuiciamiento el caso del accidente de tráfico de un autobús, ocurrido en abril de 2008 en la autovía entre los municipios malagueños de Torremolinos y Benalmádena, en el que murieron nueve personas de nacionalidad finlandesa, causa en la que está acusado el conductor de un todoterreno.

Tras decretarse el pasado mes de junio la apertura del juicio oral contra el único procesado, el juzgado que ha investigado el caso ha dado por concluida la fase intermedia y ha acordado que se remita el procedimiento al juzgado de lo penal de Málaga al que corresponda el conocimiento de la causa, según se precisa en la diligencia de ordenación, a la que tuvo acceso Europa Press.

Esta resolución se dicta una vez que todas las partes personadas han presentado ya sus escritos provisionales. Así, la Fiscalía de Málaga y la acusación particular, en representación del conductor del autobús, acusan al hombre por un delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y otro de conducción temeraria y nueve delitos de homicidio por imprudencia grave.

Asimismo, se le acusa por 26 delitos de lesiones por imprudencia grave, añadiendo la acusación particular uno de daños. En cualquier caso, tanto el ministerio fiscal como dicha acusación, dirigida por el letrado Manuel Temboury, han solicitado para el procesado una pena de cuatro años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor durante seis años.

En el caso de la defensa, considera que los hechos constituyen un delito contra la seguridad vial, por el que solicita para su cliente una pena de seis meses de prisión y retirada del carnet de conducir durante un año y seis meses. Señala que había consumido en una fiesta familiar "alguna bebida alcohólica", pero "sin que conste incidiera en la conducción" en cuanto a mermar sus facultades.

En su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, señala que las consecuencias sufridas tanto por las personas que resultaron fallecidas como las que sufrieron lesiones "no son en modo alguno cuestionadas por esta defensa, pero sí el aspecto interno de la norma de cuidado que señalan las acusaciones en cuanto al deber de advertir la presencia del concreto peligro".

Además, se alude a una velocidad superior a la que aparecía limitada aquel tramo de la autovía, que "además se encontraba mojada a consecuencia de la lluvia, lo que era inadecuado para las condiciones que presentaba la vía, lo que condujo a que perdiera el control del vehículo que conducía, cuando colisionó con las vallas de protección metálicas".

El siniestro se produjo el 19 de abril de 2008 en la AP-7 en sentido Málaga. Según las acusaciones, el joven dio positivo en las pruebas de alcoholemia y circulaba a una velocidad "inadecuada" no menor a 152 kilómetros por hora en una zona en la que el máximo era de 120. Además, la vía estaba mojada por la lluvia y el acusado supuestamente "perdió el control del vehículo".

Así, según se indica, chocó con las vallas de protección metálicas y salió rebotado hacia el otro lado, colisionando con el frontal de su vehículo contra la parte lateral del autobús, ocupado por 50 personas, que a causa del impacto, derrapó y volcó, chocando con la defensa de separación que se introdujo por el techo del autobús, según consta en el escrito provisional del fiscal.

El siniestro provocó la muerte de nueve personas y otras 26 resultaron lesionadas, entre ellas el conductor del autobús y el acompañante del acusado. Toda la responsabilidad civil derivada de este siniestro ha sido ya pagada por la aseguradora, por lo que todas las personas afectadas han sido indemnizadas, incluso el conductor del autobús, que tiene declarada la incapacidad total.