El catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Navarra, Eugenio Simón Acosta, ha afirmado que "el Impuesto de Patrimonio que pretende recuperar el Gobierno podría ser inconstitucional si se tramita mediante real decreto-ley, ya que éste no puede afectar de forma importante a los derechos, deberes y libertades fundamentales del ciudadano, como sucede con la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado a través de los impuestos".

Así lo ha defendido este viernes el especialista con motivo de la apertura del nuevo curso académico en la Universidad de Navarra, donde se ha encargado de impartir la lección inaugural 'Justicia tributaria en la imposición patrimonial'.

Según ha aclarado, "esa inconstitucionalidad -recogida en el artículo 86- podría encontrarse, por tanto, en la forma de recuperar este impuesto a través de un decreto ley".

En este sentido, el profesor se ha manifestado a favor de un Impuesto de Patrimonio moderado pero no como una reedición del que ya existía e 2008, "sino como una reestructuración de toda la imposición patrimonial que sustituya impuestos de carácter medieval, como el impuesto sobre transmisiones y el de herencias intrafamiliares".

Además, el Impuesto sobre el Patrimonio, que se suma al impuesto del IRPF, "debería poder pagarse con la renta que genere ese bien, o de otro modo no compensaría mantener un patrimonio". "Es decir, en esa situación nuestros bienes tendrían un valor igual a cero y el impuesto sería confiscatorio", ha dicho. 1.000

Millones de euros

Para el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, esta reforma resulta "precipitada, ya que en España debería existir un debate político y social de fondo que permitiera establecer un sistema tributario justo, efectivo y a largo plazo".

"De hecho -ha proseguido- los 1.000 millones de euros que parece que va a recaudar no solucionan el problema de déficit del Estado". Asimismo, Eugenio Simón Acosta ha recordado que el impuesto no debe consumir la renta: "Los gravámenes muy elevados erosionan las bases y llegado un momento la recaudación puede ser menor a pesar de que se suban los tipos, de modo que no interese al Estado su imposición".

Por último, ha aclarado que el impuesto se debería establecer de manera similar en todas las comunidades autónomas, "para evitar movimientos de ciudadanos en función del lugar en el que menos tengan que tributar".