Aborto
Vista de una figura que representa un feto humano. EFE

A partir de este viernes, las mujeres de Castilla-La Mancha que quieran abortar no podrán hacerlo en las clínicas privadas habilitadas por el Gobierno man-chego si no van con el dinero por delante. Así lo decidieron el jueves las siete clínicas que firmaron un acuerdo de colaboración con esta Comunidad cuando entró en vigor la reforma de la Ley del Aborto, hace 14 meses.

Las clínicas han decidido romper el convenio porque, según ellas, no han recibido pago alguno por parte de la Comunidad -gobernada entonces por el PSOE y ahora por el PP-, según afirmó a 20 minutos Luisa Torres, portavoz de la Clínica Dator (Madrid).

En total, aseguran que les deben algo más de un millón de euros por las más de 3.000 intervenciones de bajo riesgo que han realizado (las de alto riesgo se realizan en hospitales públicos). Las clínicas con las que Castilla-La Mancha tiene acuerdos son Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia y están localizadas en Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Albacete.

Los centros finalmente  han decidido dejar de realizar las intervenciones después de muchas advertencias al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. A pesar de la ruptura, las  clínicas quisieron dejar claro a este diario que seguirán atendiendo a mujeres que no tengan recursos económicos para costearse el aborto. También atenderán aquellos casos donde la salud de la paciente corra peligro. 20 minutos intentó ponerse en contacto con la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha, pero fue imposible.

Madrid debe 1,5 millones

No es la primera vez que las clínicas abortivas se quejan de que la Administración no les paga. El pasado 4 de julio este periódico publicó una advertencia de estos centros a la Comunidad de Madrid. Aseguraban que les debían más de un millón y medio de euros y que si la situación no cambiaba en el mes de septiembre tomarían medidas. El panorama sigue siendo el mismo, y las clínicas adelantaron a este diario que la comunidad que preside Esperanza Aguirre puede ser la siguiente en quedarse sin este servicio. Por su parte, la Consejería de Sanidad niega que no esté pagando los abortos.