El Congreso de los Diputados ha aprobado, con la abstención, entre otros, del Partido Popular, la última reforma laboral del Gobierno; el resultado de la votación ha sido: 166 votos a favor, 15 en contra y 157 abstenciones.

El decreto anticrisis, que ha defendido una vez más el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, incluye dos medidas 'estrella': el contrato de formación para personas de hasta 30 años y la supresión temporal de la obligación de hacer fijos a los trabajadores que encadenen contratos temporales durante dos años.

Trabajo se puso en contacto con los populares el pasado fin de semana para pedirles su apoyo al decreto, advirtiéndoles de que si no contaba con sus votos, se vería obligado a ceder ante los nacionalistas y dar prioridad a los convenios autonómicos, una promesa que el Ejecutivo hizo al PNV para garantizarse su abstención cuando se aprobó la negociación colectiva. La abstención del PP lo ha impedido, algo que, según admitía horas antes la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría, han agradecido a su partido fuerzas sindicales.

"El nuevo contrato es el mejor contrato formativo que hemos tenido nunca", ha asegurado Gómez durante el debate de convalidación de estas medidas urgentes en el hemiciclo. El ministro ha hecho un llamamiento a los empresarios para que utilicen el nuevo contrato de formación porque su coste a la Seguridad Social es cero y porque así demostrarían su compromiso de frenar el elevado desempleo juvenil.

Gómez ha dicho además que el nuevo contrato de aprendizaje también redunda en una mayor productividad para las empresas ha asegurado que las bonificaciones que ofrece a los empresarios el nuevo contrato de formación son "las más importantes en toda la legislatura laboral" y ha apuntado que el coste a la Seguridad Social es cero para muchas empresas y "muy reducido" para las grandes compañías.

Para Gómez, la utilización con éxito de esta figura contractual denotaría el compromiso empresarial al cambio de modelo productivo y el apoyo a una generación de jóvenes, que sin haber contribuido al problema que les ha llevado al desempleo padecen más que nadie sus consecuencias. "Pongan sobre la mesa tantas propuestas para apoyar a los jóvenes como tengan, pero además respalden las oportunidad laborales que tiene este contrato", ha pedido a los empresarios, al tiempo que ha negado que se trate de un contrato basura.

El ministro ha dicho que en 2011 el Gobierno ha abordado los cambios "más intensos" en el mercado de trabajo en el último cuarto de siglo y que pese a que no sabe si serán suficientes, ya que lo dirá el ciclo económico, un país "no debe cambiar todos los años su legislación laboral". En este sentido, ha puntualizado que los cambios deben hacerse desde el equilibrio, porque "sin equilibrio el mercado de trabajo deja de ser una institución y pasa a ser una jungla.

Gómez ha señalado que la reforma laboral aprobada el año pasado introducía mejoras en el contrato de formación y ha dicho que los últimos datos muestran que este tipo de contrato se ha incrementado un 16 % en los últimos doce meses. Sin embargo, ha incidido en que el problema del paro juvenil exige una respuesta "más ambiciosa" y ha insistido en que no se puede dejar sin alternativas a decenas de miles de jóvenes que no tienen formación y "están siendo condenados al desempleo por el hecho de haber cumplido 25 años".

Al respecto, ha argumentado que el sustrato profundo de la precariedad laboral no es tanto la modalidad del contrato, sino la disposición o no de cualificación profesional y ha añadido que el nuevo contrato contiene todos los derechos de protección social, de desempleo o de prestación de pensiones.

Por otra parte, el ministro de Trabajo también ha defendido la eliminación de la limitación del encadenamiento de contratos temporales durante dos años y ha negado que sea una renuncia a la estabilidad del empleo. Gómez ha recordado que es una práctica legal y se ha comprometido a que si el PSOE vuelve a gobernar será derogada en su plazo y "si es posible sin esperar a los dos años".

Gómez también ha explicado la necesidad de prorrogar por seis meses la ayuda de 400 euros mensuales del plan PREPARA para los desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo, para la que se dota con un presupuesto de 50 millones de euros.

La diputada del PP Celia Villalobos ha asegurado, por su parte, que el PP derogará antes del 2013, si gana las elecciones, el encadenamiento de contratos temporales que contempla el nuevo decreto de estímulo al empleo juvenil del Gobierno.

Villalobos ha asegurado, después de que Gómez dijera que si el PSOE vuelve a gobernar volverá a restituir la limitación de los contratos temporales, que el PP lo hará antes del plazo de dos años previsto en el decreto. En este sentido, la diputada ha aseverado que su partido "siempre estará a favor de la contratación fija y no de la temporal", al tiempo que ha argumentado la abstención de su grupo en la convalidación de estas medidas por mantener la "unidad de mercado".

La diputada popular ha añadido que apoyan algunas de las medidas que contempla el decreto, como el nuevo contrato de formación y aprendizaje para jóvenes de hasta 30 años o la prórroga de los 400 euros a parados que hayan agotado su prestación, aunque ha criticado el resto de medidas por no fomentar la estabilidad del empleo.

Durante su intervención, ha reprochado a CiU y al PNV el apoyo que a lo largo de la legislatura han mostrado al Gobierno en reformas como la de las pensiones o la laboral y ha criticado pactos que iban contrarios al beneficio de los ciudadanos. "Su frase, señor Campuzano (diputado de CiU) es: !cómo saco más!", le ha recriminado Villalobos, al tiempo que ha acusado al PNV de contribuir también a la "improvisación" del Gobierno en materia laboral.

Al respecto, la diputada popular ha dicho que el PP está en contra de la ruptura del mercado único y de las desigualdades y que se abstiene en la convalidación de este decreto porque su partido "no está dispuesto a que Cataluña tenga mejores condiciones que Andalucía" o que los convenios colectivos autonómicos estén por encima de los sectoriales o estatales.

Por su parte, el diputado del PSOE Jesús Membrado, durante su intervención, ha pedido al PP que mantenga el decreto que hoy se convalida tal como está y no derogue ninguna medida antes del plazo previsto. Ha dicho que la eliminación de la limitación de los contratos temporales "hay que asumirla", porque recordó que el Gobierno del PSOE también avaló otras reformas laborales realizadas por el anterior Gobierno del PP.

El diputado de CiU Carles Campuzano ha anunciado que su formación política se abstendría en la votación, pese a que lo ha criticado. y ha reprochado al Gobierno que con estas medidas se vuelve al modelo "clásico" del mercado laboral, de contratación temporal, porque, a su juicio, la temporalidad excesiva hace imposible la mejora de la empleabilidad y el nivel de formación del trabajador.

Además, ha mostrado su "absoluto rechazo" a que el Gobierno haya pactado con el PP para sacar adelante el decreto con el fin de no cumplir con el PNV y CiU en materia de reforma de la negociación colectiva.

El diputado del PNV Emilio Olabarría, que ha anunciado su voto en contra, también ha reprochado al PSOE y al PP que se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante la norma "que producirá efectos contrarios a los pretendidos" y hará que los empresarios opten solo por el nuevo contrato de formación.

Desde IU, el diputado Gaspar Llamazares ha dicho que el decreto supone un "contrato becario indefinido y el temporero permanente" que supondrá la pérdida de poder adquisitivo para el trabajador y mejora de las rentas empresariales. La diputada de UPyD Rosa Díez ha tildado de "parodia" que el Gobierno diga que busca el empleo estable, cuando el decreto lo que hace es precarizarlo y ha propuesto un contrato único indefinido y, en lugar de la ayuda de 400 euros durante seis meses, una renta activa de inserción "permanente" que dure 11 meses.

El diputado de CC Fernando Ríos, que ha anunciado su abstención, ha dicho que se llega "tarde" y sin convicción a la solución del paro juvenil y ha acusado al Gobierno de haber "aparcado sus principios" y de agarrarse a "los clavos ardientes del fin de la legislatura"

También votará en contra el BNG, según la diputada Olaia Fernández Dávila, quien ha acusado al Gobierno de haber conseguido en esta legislatura "el mismo nivel de precariedad que el PP" y ha dicho que "es curioso" que el PSOE no reconozca la mínima vergüenza en relación con su falta de compromiso. Para Joan Ridao, de ERC, el decreto invita "abiertamente" a los empresarios para que aprovechen la crisis y opten por la temporalidad, el empleo de mala calidad, con menos derechos y relaciones laborales.