El alcalde de Cudillero, el socialista Francisco González Méndez, podría enfrentarse a tres años de prisión y hasta diez de inhabilitación profesional por los supuestos pagos irregulares a varios auxiliares de la Policía Local, entre los años 2004 y 2008.

Así lo ha apuntado este miércoles el letrado de la acusación particular, Gonzalo Botas, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el contenido de las declaraciones realizadas por el regidor y dos auxiliares, este lunes, en el Juzgado de Pravia.

En las mismas, según el letrado, los tres reconocieron la existencia de pagos en "b" y fuera de nómina a los policías locales por "servicios prestados a los hosteleros", por un importe de aproximadamente 6.000 euros anuales.

Más en concreto, preguntado por los hechos, Francisco González Méndez, 'Quico', señaló el lunes que cuatros hosteleros plantearon a la Alcaldía abrir varios chiringuitos en la zona del puerto, para lo que precisaban que se ampliase el horario de la vigilancia nocturna de la Policía Local.

De este modo, según figura en la declaración, los hosteleros acordaron que se harían cargo ellos. "Ingresaban un dinero en la tesorería municipal y a partir de ahí la tesorería liquidaba con los policías que habían realizado las horas extras", señala el alcalde, y agrega: "No tiene sentido hablar de pagos ilegales y mafia cuando los mismos se realizan en la propia tesorería".

El alcalde manifestó asimismo que en 2008 la interventora decidió cambiar la norma y las horas extras se incluyeron en la nómina y hasta entonces "nunca fue advertido de que el sistema elegido fuera incorrecto".

Por el contrario, en la querella presentada por el jefe de Policía y tres hosteleros de los chiringuitos, se apunta a que dichos pagos eran "un requisito indispensable" que el Ayuntamiento establecía para poder explotar los bares, que tenían contratado ya un servicio de vigilancia privada.

Abunda en que el importe de los mismos se fijaba anualmente en una reunión que se celebraba en su despacho, con incrementos periódicos. Además, según la acusación, "los ingresos se efectuaban por caja y los abonos a los agentes no figuraban en nómina, sino que se pagaban en mano".

El Jefe de la Policía, Prudencio Iván Florez, ha insistido ante los periodistas en que fue expedientado y apartado de su puesto por tratar de corregir los hechos y tras negarse, en junio de 2008, a recibir dinero directamente de los hosteleros.

Por último, Jesús Villa, secretario general del Sipla, ha defendido que se trata de una "trama" orquestada por un alcalde "hábil" con el objetivo de perjudicar al sargento Florez. El portavoz del sindicato ha explicado además que la actitud del regidor no supone una defensa de los intereses vecinales, sino de los propios.

"No somos ni seremos seguidores retorcidos de intereses particulares de caciques que ven en la autoridad que ese ordenamiento jurídico nos otorga, una herramienta para que se haga su voluntad caiga quien caiga", compromete el Sipla.

Por el momento, la causa permanece en instrucción en el Juzgado de Pravia, a la espera de escuchar las declaraciones de la concejal de Festejos y de los dos ex jefes de la Policía anteriores a Iván Florez. La acusación sostiene que los imputados han incurrido en varios delitos de cohecho, coacciones, prevaricación, tráfico de influencias y simulación de autoridad o funcionario público.