Si no mandan las cifras certificadas, dice que llevará el caso por vía penal.Los datos son necesarios para realizar el estudio de viabilidad económica para su segregación. La plataforma afirma que les envían los datos falseados bajo la frase: «Salvo error u omisión».
Diego Parra, su presidente, cree que la viabilidad económica es posible por los estudios comparativos con otros municipios.
Además, ya tienen 7.000 firmas. Les faltan unas 1.000 para conseguir el 51% necesario.
La plataforma ya llevó al Ayuntamiento al Defensor del Pueblo por no facilitar los datos certificados. Y ganó una demanda ante el juez de lo Contencioso Administrativo por lo mismo.
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