El Pleno del Parlamento ha dado este martes luz verde por unanimidad a la tramitación de la proposición de Ley Orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz y sobre lo que el Congreso de los Diputados tendrá la última palabra.

Los tres grupos que componen la Cámara han solicitado a la Mesa del Parlamento durante sus intervenciones en el debate de toma en consideración de la iniciativa que inste al Consejo Consultivo de Andalucía a emitir un informe sobre la legalidad de la citada normativa, que ha contado con el criterio favorable del Consejo de Gobierno.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha comenzado su turno de palabra asegurando que éste es un pleno "muy importante" porque significa dar continuidad al acuerdo y al consenso institucional que significó sacar adelante el Estatuto de Autonomía de Andalucía, compartiendo una aspiración "de máximos" en lo que significa la gestión de las competencias del Guadalquivir. PSOE:

"nos estamos jugando mucha riqueza y empleo"

Jiménez, que ha valorado los esfuerzos realizados "desde el primer minuto" por la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), ha destacado la enorme influencia que tiene el Guadalquivir como uno de los factores económicos "fundamentales" sobre los que se asienta el presente y el futuro de Andalucía.

El portavoz socialista ha dicho que su formación no renuncia a la administración directa de las competencias del Guadalquivir, pero siempre con un "respeto absoluto" a la unidad de cuenca y a la sentencia dictada por el TC. "Hoy debatimos una fórmula perfectamente legal y constitucional, acorde con el espíritu que presidió el Estatuto de Autonomía y que cuenta con un marco de colaboración y coordinación con el Gobierno de la Nación", ha añadido.

Tras destacar que Andalucía se está jugando "mucha riqueza y empleo" en este asunto, ha asegurado que la fórmula de delegación de competencias a través del artículo 150.2 de la Constitución "nos compromete a todos, ahora y luego, aquí y en las Cortes Generales". "Es un doble seguro de ese consenso y de lealtad a la Comunidad, a sus intereses y ciudadanos", ha apuntado Jiménez, quien ha precisado que esta iniciativa se aprobará en diciembre en el Parlamento andaluz y que llegará a unas Cortes "recién constituidas". PP-A

Ve "una farsa disfrazada de debate"

Por su parte, la diputada del PP-A Carolina González Vigo ha considerado que la iniciativa que ha traído el PSOE-A al Parlamento es "una farsa disfrazada de debate" y que se va a enviar a unas Cortes "disueltas". En su opinión, lo que los socialistas pretenden es "empezar a preparar la oposición al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy". Si bien, ha indicado que su formación tiene claro que el debate real no es el de las competencias, sino el del modelo de gestión, "que ha fracasado estrepitosamente".

González Vigo, que ha agradecido que los grupos hayan aceptado la petición del PP-A sobre que el Consejo Consultivo realice un informe sobre la proposición de ley, ha asegurado que su formación no quiere tomar ninguna decisión precipitada que pueda afectar a la Comunidad en el futuro sin tener garantías jurídicas. Asimismo, se ha ratificado en la defensa del espíritu del Estatuto y ha dicho que habrá que buscar una fórmula que no contradiga la sentencia del TC ni que confronte con las comunidades afectadas.

Asimismo, la portavoz 'popular', que ha anunciado que su formación presentará mañana mismo enmiendas a la proposición de Ley, ha subrayado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es el presidente "más antiandaluz de la democracia" por permitir que se hayan dejado de ejecutar 1.000 millones de euros en políticas de aguas. Finalmente, ha ofrecido un gran pacto social para lograr el modelo de gestión alternativo en materia de aguas "que Andalucía y los andaluces necesitan". IULV-

Ca pide un acuerdo "de máximos"

En su turno de intervención, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha manifestado que el acuerdo que se dé en el marco del artículo 150.2 de la Constitución debe ser "de máximos" y ha planteado por qué no se planteó antes para dejar la cuestión resuelta con anterioridad a las elecciones generales del 20 de noviembre. Ha criticado que los socialistas estén dispuestos a modificar la Constitución de manera "express" y, en cambio, la solución para el Guadalquivir no se haya abordado antes.

Ha agregado que Izquierda Unida afronta este debate planteando la delegación del mayor número de competencias a la comunidad sobre las aguas del Guadalquivir que transcurran por el territorio andaluz, lo que es "compatible" con la unidad de cuenca en la gestión. Ha lamentado la forma en que se ha introducido este debate y lo "vacuo" de sus contenidos, apuntando que lo importante, sin duda, es el modelo de gestión del Guadalquivir. A su juicio, resulta "doloroso" constatar como PSOE y PP no han hablado prácticamente nada en relación con el plan hidrológico de la cuenca, que se sigue diseñando y que no es suficiente para lograr las directrices europeas.

Finalmente, Mario Jiménez ha cerrado el debate asegurando que el PP-A ha perdido esta tarde una oportunidad para defender el espíritu del Estatuto de Autonomía de Andalucía, lo que, en su opinión, demuestra que llegó "a rastras" al acuerdo sobre la norma estatuaria, "a la que hoy le han faltado el respeto". "El PP, que no ha estado a la altura de las circunstancias, ha demostrado que tiene urticaria a hablar de una Andalucía con un autogobierno pleno", ha concluido.

La proposición de ley

La proposición de ley orgánica plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.

Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.

La Junta gestiona provisionalmente, desde el pasado mes de abril y por un periodo de seis meses, los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, permite asegurar la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión de la cuenca, cuyos medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.