Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a excepción de Murcia, han reclamado este lunes al Gobierno de España que realice cuanto antes un estudio del impacto socioeconómico que tendrían en el sector agrícola nacional las medidas que ya se han filtrado de la reforma de la Política Agraria Comunitaria 2013-2020 y que se trabaje para alcanzar una posición común española con la convocatoria de la conferencia sectorial.

Los consejeros de diez de las once comunidades gobernadas por el PP —Castilla y León, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja y Valencia, han mantenido este lunes una reunión de trabajo en Valladolid para analizar los documentos filtrados de la reforma, cuyas bases se presentarán el 12 de octubre. En el encuentro ha participado también el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el de la Comisión Mixta para la UE, Miguel Arias Cañete.

Como ha explicado Arias Cañete, los representantes 'populares' han acordado reclamar al Gobierno una serie de acciones que consideran "urgentes" para que la modificación de la normativa agraria no cree "graves distorisiones" en el sector. Así, comienzan por "exigir" un análisis de impacto socioeconómico de cada una de las medidas del modelo recogido ya en diversos textos legislativos.

Tanto Arias Cañete como la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, han recalcado la necesidad de este análisis debido a que los consideran que los datos ya conocidos umplican que la PAC 2013-2020 será "no adecuada para la diversidad de cultivos de España", pues incluye medidas como la obligación de diversificar producciones a partir de las 3 hectáreas de terreno.

"Sólo detallando el efecto de cada una de las medidas se puede saber qué es lo que interesa en España", ha apuntado Cañete, quien ha añadido que de esta manera se podrá tener una base concreta para el trabajo por una posición negociadora común, que es la segunda reivindicación de los consejeros del PP, quienes, en palabras de Silvia Clemente han lamentado que desde el mes de marzo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) no haya convocado el Grupo de Trabajo.

Clemente ha negado que la intención de la reunión celebrada esta mañana en el Monasterio del Prado de Valladolid sea "política", pues considera que es una cuestión de "trabajo" en la que han participado las Comunidades Autónomas que "realmente quieren defender" la PAC de España. "No vamos a dejar de trabajar porque el Gobierno no quiera hacerlo", ha aseverado.

Otra petición acordadas en Valladolid han sido reclamar que el debate de las perspectivas financieras el Gobierno no permita que descienda la dotación económica de la PAC que, según los documentos que ya se conocen puede seguir este camino. De hecho, Clemente ha reprochado que el capítulo de Agricultura y Ganadería sea el único del presupuesto comunitario de 2011 que desciende —concretamente 382.000 euros, un 9,2 por ciento—.

En este sentido, tanto Clemente como Cañete han atacado la "pasividad" negociadora del Gobierno que "no ha sabido defender los intereses" del campo español ahora ni en la anterior modificación de la PAC en 2006. También se ha recordado la importante reducción de la producción de remolacha que supuso la modificación de la OCM del azúcar. Sin embargo, con respecto al futuro de este producto Arias Cañete ha manifestado que se debe esperar a conocer la posición en la que quedará el cultivo de remolacha dentro de la PAC 2013-2020.

La cuarta y última reivindicación es la búsqueda de una alianza estratégica con otros estados que pueda influir en las propuestas de la Comisión, pues como ha recordado Miguel Arias Cañete, mientras que otros países como Francia y Alemania ya trabajan de forma conjunta, España de la imagen de división.

Tras el encuentro mantenido este lunes, el Grupo de Trabajo de los consejeros del PP se reunirá al menos una vez al mes, pues consideran, según Arias Cañete, que se trata de un momento "fundamental" para agilizar los trámites necesarios para llegar a una postura de Estado.

Como han señalado fuentes de la Consejería castellanoleonesa, el primer análisis de las propuestas determina que a partir de 2014 habrá un sistema de pagos directos con diferentes componentes de ayudas que puede generar una "extraordinaria complejidad en su aplicación". También presentará dificultades el establecimiento de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

También existen dudas sobre el concepto de agricultor activo o la limitación de los pagos máximos por productor, lo que supondrá un incremento de carga administrativa para los agricultores y la Administración.

Por su parte, la consejera de Agricultura de Valencia, Maritina Hernández, recalcó que el encuentro ha sido "intenso y productivo" con los datos que ya se pueden conocer de la PAC y ha incidido en la necesidad de el citado informe socioeconómico. Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central que trabaje y "no decaiga en la defensa de los agricultores de España".

En el encuentro participaron además los consejeros del área en Aragón, Federico García López; Cantabria, Blanca Azucena Martínez; Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano; Extremadura, José A. Echávarri; Galicia, Samuel Jesús Juárez; Madrid, Ana Isabel Mariño; La Rioja, Iñigo Nagore; y, Baleares, Gabriel Company.