La Mesa del Congreso tiene previsto analizar este martes el caso de los seis diputados -cinco del PP y uno del PSOE- cuyas declaraciones de bienes no pudieron ser publicadas el pasado jueves, bien porque no fueron registradas a tiempo o porque tenían algún defecto de forma.

Inicialmente no está previsto ningún tipo de sanción para los parlamentarios que no presentaron esta documentación en el Registro del Congreso antes de las ocho de la tarde del pasado miércoles, la víspera de la entrada en vigor de la reforma de la Ley Electoral que obligaba a dar a conocer el patrimonio de todas sus señorías.

Esa reforma se aprobó definitivamente el 13 de julio, pocos días después las Mesas del Congreso y el Senado aprobaron el exhaustivo formulario de cinco folios que debían rellenar los parlamentarios y avisaron a todas sus señorías de que debían registrarlo a más tardar el 7 de septiembre. En realidad, ese formulario es una actualización del que ya cumplimentaban todos los parlamentarios al tomar posesión de sus escaños, pero que hasta la semana pasada era secreto.

Una de las declaraciones de patrimonio que aún no se conocen es la del diputado del PP por Santa Cruz de Tenerife, Manuel Domínguez González. Según su declaración de actividades, Domínguez cobra dietas por asistir a los plenos y las comisiones del Ayuntamiento de Los Realejos, del que es concejal. En su momento, Domínguez también informó al Congreso de que que es propietario del 33% de la Sociedad "Gestiones Magma S.L.", una comercializadora de placas solares y otras actividades de energía renovable. En su declaración de actividades, el diputado precisó que esa empresa "no ejerce actividad alguna, aunque no se ha producido la baja de la misma" y que, en cualquier caso "no ha realizado ni tiene previsto realizar ninguna contratación con administración".

En la misma situación están otros dos diputados extremeños del PP: Alejandro Ramírez del Molino y Mariano Gallego. El primero, propietario de una farmacia en Badajoz, ha declarado participar en tertulias sin retribución alguna. El segundo, alcalde de Don Benito, percibe dietas por asistir a las sesiones del consistorio y cobra una pensión de invalidez permanente absoluta.

También está pendiente de publicación la relación de bienes del diputado del PSOE por Cáceres, Carlos Trujillo Garzón, quien fuera jefe de Gabinete de la exalcaldesa de Plasencia, Elia Blanco, que en 2010 fue imputada en un presunto caso de corrupción. Según su declaración de actividades, Trujillo es miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE en Cáceres, del Comité Regional del partido y su portavoz en Plasencia.

Tampoco se conoce aún el patrimonio de dos diputadas 'populares' que llegaron al Congreso el pasado mes de junio y que sustituyeron a compañeros que dejaron sus escaños tras los comicios municipales y autonómicos de mayo.

Este es el caso de Camen Feliú, de Baleares, que registró el formulario en plazo pero finalmente no pudo ser publicado porque no llevaba su firma, y de Marta Valdenebro, alcaldesa de Villanueva de la Torre (Guadalajara). Para acceder a su acta de diputada Valdenebro tuvo que rellenar el formulario sobre sus bienes vigente en aquel momento, pero, al parecer, no ha hecho lo mismo con el que después aprobaron las Mesas de ambas cámaras.