El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, comparecerá ante el Pleno de las Cortes de Aragón la semana próxima para dialogar con la oposición sobre los planes de desarrollo rural sostenible y las medidas que adoptará la Diputación General de Aragón (DGA) para ejecutarlos, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.

El portavoz del Ejecutivo deberá explicar las declaraciones que realizó en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el 29 de agosto, cuando dio a conocer la retención de crédito de 27.991.000 euros correspondientes a las partidas autonómica y del Gobierno central de estos planes.

Aquel día Bermúdez de Castro explicó que los fondos que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) había decidido no asignar a Aragón en realidad no provenían de las arcas del Ejecutivo central, sino que este se había limitado a "rebotar" el dinero que la Comisión Europea había entregado a España en concepto de ayudas al desarrollo rural dentro de la Política Agraria Común (PAC).

Este argumento fue rechazado por el portavoz del Grupo Socialista de las Cortes, Javier Sada, quien el 31 de agosto negó que estos fondos sean europeos y consideró una "prioridad" la puesta en marcha de los planes para días más tarde solicitar la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Planes de Desarrollo Rural Sostenible.

La Comisión de Seguimiento se ha reunido este miércoles 7 de septiembre en una sesión en la que el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, ha afirmado que los fondos no se perderán aunque este año no se ejecuten.

Convenios abortados

Estos planes, en Aragón de ámbito comarcal, son el resultado de la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que dispone la elaboración de planes de zona en cada comunidad autónoma para realizar inversiones a medias entre las regiones y la Administración General del Estado con el fin de mejorar la calidad de vida en el medio rural.

En el caso de Aragón antes del verano que ahora termina el entonces consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, impulsó la elaboración de los planes en las 32 comarcas existentes —la de Zaragoza no ha nacido—, pero el MARM abortó la firma de los convenios con el argumento de que no era correcto aumentar el déficit de la Comunidad Autónoma. La firma se pospuso al presente mes de septiembre.

El Ministerio de Economía y Hacienda no autorizó, finalmente, la firma de los convenios y la consiguiente puesta en marcha de los planes comarcales de desarrollo rural sostenible con el argumento de que Aragón no había cumplido el objetivo de déficit señalado, lo que llevó al Gobierno saliente de Marcelino Iglesias a dirigirse por carta al Ministerio solicitando la firma, lo que finalmente desestimó Economía.

Varias comarcas de la Comunidad Autónoma han diseñado planes e incluso iniciado obras de interés general con cargo a la futura inversión, ahora postergada. Entre las obras destacan la construcción y ampliación de cinco residencias de ancianos en comarcas de la provincia de Huesca.

En el caso de esta provincia, los presidentes comarcales de las 10 comarcas se han reunido de urgencia este martes en Huesca para realizar un pronunciamiento público en defensa de estas ayudas.