El ex jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, ha negado haber intervenido en la concesión de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido en el año 2005, a pesar de que la Fiscalía postula que, si bien ese año Massot ya no ostentaba ese cargo, favoreció la tramitación de la autorización urbanística por su relación de amistad con el propietario del solar. El Ministerio Público le pide por ello tres años y medio de cárcel y el Consistorio un total de seis.

Durante el juicio que ha comenzado este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra Massot y otros siete acusados por la pieza 9 del caso Andratx, el también ex alto cargo del Govern ha asegurado que "jamás" participó en expediente alguno una vez dejó de ser jefe de Urbanismo. "En absoluto echaba una mano", ha incidido el inculpado, quien ha precisado que únicamente le llamaban desde el Consistorio para hacerle alguna consulta, "de forma puntual y de tanto en tanto, así que de despachar nada".

Sin embargo, antes de que Massot fuese interrogado ya había declarado el propietario del terreno donde fue construida la vivienda, Emilio Martínez 'el Panza', quien ha manifestado que fue el ex celador municipal Jaume Gibert -que en esta pieza no está acusado- quien le asesoró en todo momento a fin de obtener la licencia de forma irregular. De hecho, en un momento dado de su comparecencia ha señalado que por esas fechas Gibert le vendió un yate por el que le pidió "unos 3.000 euros más de lo que valía".

Una revelación que ha motivado que el fiscal Juan Carrau solicitase devolver las pesquisas al Juzgado de Instrucción número 12, encargado del caso Andratx, a fin de averiguar si Gibert hubiera incurrido en un delito de cohecho y si ello conllevaría sobreseer la causa para el resto de acusados, a lo que las se han mostrado conformes las defensas mientras que el letrado de la acusación particular, Josep de Luis, se ha opuesto. Tras deliberar, la Sala no lo ha estimado oportuno al no ver motivos suficientes para ello ni elementos que pudieran desvirtuar los hechos enjuiciados en la vista.

Durante su declaración, Martínez ha confesado que, tras adquirir la parcela, inició los trámites para construir en ella a pesar de que estaba ubicada en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) y de que en ella únicamente había "estiércol, guarrería y una casa de 21 metros cuadrados bastante derruida", lo que impedía legalmente su urbanización. Así, ha recordado, pidió a Gibert un certificado de antigüedad para posibilitar las obras y éste, tras hacer constar que la casa tenía 30 metros cuadrados, le dijo que esta superficie "no bastaba" para ser considerada una vivienda preexistente a reformar.

Es así como Gibert, ha dicho, volvió a emitir un nuevo certificado, en este caso con la reseña de 50 metros. "Nadie más intervino, sólo Gibert", ha aseverado el 'el Panza' en referencia al resto de acusados en este juicio. Ello a pesar de que, según las acusaciones, el segundo certificado lo redactó la funcionaria Ángela Hernández, quien de su puño y letra y siguiendo instrucciones de Massot, anotó la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos" para no obstaculizar la concesión de la autorización.

La funcionaria ángela hernández modifica su versión de los hechos

Sin embargo, Hernández, quien durante la fase de instrucción reconoció haber escrito a mano la cifra a petición de Gibert, ha cambiado la versión de los hechos en la vista y ha negado que así lo hiciera. "Me confundí y entendí mal la pregunta, ya que estaba en tratamiento psiquiátrico", ha justificado la acusada a pesar de que entonces, en aquella declaración, no comentó nada al respecto.

En ese momento, el fiscal le ha preguntado por una trascripción telefónica obrante en autos entre Hernández y Massot que deja en evidencia la relación de jerarquía laboral entre ambos y las influencias que aún seguía ejerciendo el ex jefe de Urbanismo a pesar de que éste ya había dejado el Ayuntamiento. Tras ello, ha sido suspendida la vista para que, en la próxima sesión, prevista para el día 16, puedan ser aportadas al juicio las conversaciones.

Previamente habían sido interrogados el resto de acusados: el arquitecto Luis Ros ha señalado que realizó el proyecto básico para la construcción del chalet indicando preexistía una antigua vivienda de 50 metros cuadrados, lo que "coincidía tal cual con la realidad", si bien en realidad habría faltado a la verdad para dar apariencia de legalidad para iniciar las obras. Por su parte, el técnico municipal Gabriel Vicens ha manifestado que emitió un informe favorable tras estudiar el proyecto y "sin comprobar si éste era falso".

Finalmente entró en escena el técnico jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, quien en el juicio ha manifestado que emitió un informe a favor de la licencia "sin albergar la más mínima duda de que todo era legal". "Ha sido ahora, mirando los expedientes, cuando he descubierto que los documentos que llegaron a mí eran ilegales, y así es la película", ha intentado justificar para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él por haber emitido su informe "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho", según postulan las acusaciones.