El exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), quien gobernó este municipio entre 1987 y 1995 y entre 1999 y 2007, niega ser un "intruso" como los investigados por el Juzgado de Instrucción número seis en las prejubilaciones asociadas a numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos. Rosendo, quien este viernes se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado, remitiéndose a un escrito entregado en el mismo, defiende que las cuantías percibidas con cargo a una póliza de seguro de rentas son "ajenas a cualquier expediente de regulación de empleo".

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo, financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a esta partida presupuestaria.

La prejubilación de rafael rosendo

En el marco de esta investigación, el exalcalde socialista de El Pedroso figura como imputado de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación al ser supuestamente beneficiario de unas de las prejubilaciones investigadas. Ante la Policía Judicial, Rosendo había reconocido la "amistad" que le une al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, también imputado en las diligencias por su posible papel en la trama, y había esgrimido ante los investigadores que Guerrero le ofreció "la posibilidad de obtener una prestación adicional derivada de un fondo de pensiones". Rosendo, de cualquier modo, habría percibido 109.750 euros al disfrutar de una póliza de seguro de rentas.

Este mismo viernes, el exalcalde socialista de El Pedroso ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya. Rosendo ha ratificado su declaración ante la Policía Judicial y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, según el acta redactada después por el Juzgado de Instrucción número seis y recogida por Europa Press.

Niega ser un "intruso"

Con motivo de su comparecencia, la defensa de Rafael Rosendo ha emitido un comunicado en el que niega que este imputado sea un "intruso" en el expediente de regulación de empleo promovido en 2004 por la empresa Cydeplas, toda vez que este procedimiento se trata de uno de los ERE financiados por la Junta de Andalucía con cargo a la partida presupuestaria 31L y sometido a la investigación en curso. "En ninguno de los listados de trabajadores beneficiarios aparece incluido el nombre de Rafael Rosendo. Ni siquiera la compañía aseguradora de esos extrabajadores de Cydeplas es la misma que la de Rosendo", argumenta la defensa del ex primer edil.

Según este comunicado, "la renta de subsistencia percibida de buena fe por Rosendo es, por tanto, ajena a cualquier ERE. Se trata de una ayuda socioeconómica de carácter individual y no colectiva, igual a la otorgada a otros muchos trabajadores en paro con edad de prejubilación y difícil reinserción social", señala la defensa jurídica del exalcalde señalando que Rafael Rosendo, "en ningún momento ha dudado de la legalidad" de las rentas disfrutadas, pues "los actos de la Administración se presumen válidos". El abogado de Rosendo, José Manuel García Quílez, ha dicho además a los medios de comunicación que la detención del exalcalde de El Pedroso fue "absolutamente desproporcionada" y que el "fraude de subvenciones" del que le acusa la Junta de Andalucía "no se da bajo ningún concepto", pues tal tipificación tiene un "tope mínimo" de 120.000 euros que no se alcanzaría en el caso de Rosendo.

El churrero de el pedroso y la "palabra" de guerrero

Quien sí ha prestado declaración ante la juez Mercedes Alaya ha sido Andrés Carrasco Muñoz, natural de El Pedroso, prejubilado supuestamente en un expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco) pese a no formar parte de su plantilla y "amigo" de Francisco Javier Guerrero, como él mismo había reconocido a la Policía Judicial. Carrasco, según el acta de su declaración que recoge Europa Press, ha confirmado tal extremo y ha relatado que acudió él mismo a Francisco Javier Guerrero porque, regentando un quiosco de churros, sus ingresos apenas alcanzaban los 700 euros.

Andrés Carrasco ha alegado que pensaba que por su condición de "separado" tenía derecho a percibir una ayuda, que "confió en la legalidad" de las cuantías disfrutadas y que, de hecho, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social le dio "su palabra" en cuanto a la legalidad de la póliza de seguro de rentas por la que habría gozado de mil euros mensuales.