El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria, Eduardo Arasti, ha solicitado una reunión urgente con el delegado de Gobierno en la Comunidad, Agustín Ibáñez, porque considera "inaceptable" que se traten asuntos de Cantabria sin contar con la región, en referencia a la reapertura del carril reversible de la A-8 desde el País Vasco hacia Santander, actitud que califica, igualmente, de "falta de respeto institucional".

En un comunicado, el consejero ha manifestado su "malestar" por la "decisión unilateral" tomada en una reunión entre el Gobierno vasco y responsables de Tráfico respecto a la implantación del carril reversible en la A-8, sin haber "ningún representante" del Ejecutivo regional en la implantación de una medida que afecta a los cántabros.

Ante ello, Arasti ha pedido "con urgencia" y "de forma inmediata" al delegado del Gobierno la creación de una comisión técnica en la que esté representado para que "no vuelvan a ocurrir hechos de este tipo".

Por otra parte, el consejero ha recordado que está a la espera de una respuesta a la petición hecha en la reunión con el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, para constituir un grupo técnico de trabajo conjunto con personal del Ministerio y Consejería sobre las obras de la catenaria.

Se trata de una comisión que, según ha dicho, cada vez es "más necesaria", dados los recientes acontecimientos de Torrelavega, con fallos de suministro eléctrico y retenciones de pasajeros. A juicio de Arasti, esto demuestra la "marginación a la que había sometido el Gobierno de Miguel Ángel Revilla, plegándose a las instrucciones del Gobierno Zapatero".

Preocupación de los transportistas

Además, desde la Dirección General de Transportes y Comunicaciones han informado de que las asociaciones de transportistas de Cantabria están preocupadas ante los problemas surgidos con la implantación del carril reversible y, sobre todo, por la decisión de que se volverá a habilitar en los próximos días.

A su juicio, esta medida "incrementa los costes y empeora las condiciones de trabajo", al tiempo que no se produce una "mejora sustancial en el tráfico", sino "todo lo contrario".

El Gobierno de Cantabria, que en su momento apoyó a los transportistas en los problemas derivados de la implantación de las medidas especiales de regulación de tráfico impuestas por el Gobierno vasco durante varios años, volverá a defender a un sector que considera "vital" para la región y que "actualmente sufre las dificultades de la crisis económica".