El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá (PP), ha anunciado este jueves la reducción en un 70% de los liberados sindicales. Además, el presidente del Govern balear no descarta que se adopten medidas legales contra los responsables del anterior Ejecutivo autonómico en caso de detectarse posibles irregularidades en la pasada legislatura, dado que lo contrario sería una irresponsabilidad.

"Si encontramos alguna irregularidad, ahí está la Abogacía de la comunidad", ha remarcado.  Así lo ha revelado este jueves en Madrid, preguntado sobre cuál sería la actitud del Govern en caso de hallar algún tipo de irregularidades en la gestión del anterior gobierno autonómico durante los procesos de auditoría que se realizan en el sector público.

Bauzá ha manifestado que su gobierno está centrado en resolver la situación económica de la comunidad, que ha calificado de "crítica" y "dramática", que achaca al 'Pacte de Progres', y que su intención no es "mirar debajo de las alfombras", aunque asevera que cualquier hipotética irregularidad sería puesta a disposición de la abogacía del Estado.

Respecto al recorte de liberados, es una medida que se suma a la anunciada este miércoles por el Gobierno valenciano, cuando el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, afirmó que suprimirá 704 puestos de trabajo y 165 liberados sindicales institucionales (puestos creados en 1995), medidas con las que se ahorrarán 31 millones de euros anuales.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, aseguró este miércoles que la figura del "liberado sindical es inexistente", ya que se trata de trabajadores que tienen horas sindicales cedidas por sus compañeros de trabajo que, en la mayoría de los casos, trabajan muchas más horas que estos.